La corporación municipal de Ponga aprobó ayer -con la abstención de Foro- una transferencia de crédito para poder invertir en servicios sociales parte del dinero que el presupuesto anual -prorrogado desde 2009- destina a dietas y gastos de representación, del que el actual equipo de gobierno (PSOE-PP) no hace uso y que ronda los 65.000 euros.

En el pleno ordinario, en el que estuvieron ausentes dos de los tres concejales de Foro, se dio cuenta del proceso judicial que el consistorio mantiene con la empresa Fontexina, a la que está obligada a pagar más de 100.000 euros en concepto de obras supuestamente realizadas sin contrato durante las etapas de los foristas Cándido Vega y Mercedes Traviesa como regidores. La actual alcaldesa, la socialista Marta Mª Alonso, sospecha que detrás de la orden de ejecución forzosa del pago se encuentran intereses partidistas. "Casualmente, su abogada es concejala de Foro en Corvera. Lo más seguro es que intenten dejar nuestro Ayuntamiento en bancarrota para que se disuelva y así poder paralizar los distintos procesos judiciales que los anteriores regidores foristas tienen abiertos", indicó.

La portavoz de Foro, Menchu Sánchez, se interesó en el turno de ruegos por el funcionamiento de la residencia de mayores de Ponga. La regidora confirmó que iniciará un expediente administrativo de desahucio para que los actuales gestores la abandonen.