La legitimidad o no de la gestión del abastecimiento del agua en Ribadesella por la empresa Asturagua sigue sin estar clara. Ayer, en el pleno municipal, el secretario del Ayuntamiento aseguró que se requiere un informe a conciencia para saber si la prórroga por la que la empresa gestionaba el servicio desde 2015 acabó cuando la oposición tumbó la adjudicación del contrato a una nueva entidad. Ese informe aún no está preparado.

Lo que sí está listo es el recurso que la empresa que había salido adjudicataria por la mesa de contratación ha presentado en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ante la decisión plenaria en la que, con los votos en contra de la oposición, se decidió no darle el contrato. Una decisión que los diferentes grupos han argumentado. El PP advierte que no están en contra de la empresa, sino del procedimiento seguido para su elección. Además, tanto PSOE como Pueblu consideran que al pleno no debería haber ido solo una opción, sino que de acuerdo con la ley de contratación debería haber ido una lista de opciones en orden de preferencia. Además, hacen referencia a la situación de baja temeraria que presentaba la nueva empresa, que aportaba unos datos de consumos que no se cumplían, por lo que la oposición entiende que dicha baja no estaba justificada. Así, el pleno ha acordado solicitar al Tribunal que no estime el recurso que la empresa adjudicataria ha interpuesto y que, en caso de hacerlo, tome por buenos los argumentos plenarios para rechazarla.

Por su parte, la alcaldesa, Charo Fernández Román, destaca que en su caso se han limitado a seguir las indicaciones de técnicos y juristas y se reafirma en su intención de no firmar una factura por la gestión del agua si esta viene con un reparo de intervención. "No pienso responder con mi patrimonio ni con el de mi familia", sentencia.

Además, el pleno deja otro problema más para el Ayuntamiento riosellano. Y es que el propietario de uno de los huertos situado en la plaza Santa Ana de Ribadesella ha solicitado su expropiación por 832.000 euros. Dicho terreno cuenta con la calificación de "espacio libre público", un terreno en el que no se puede construir, y dado que el nuevo PGO riosellano mantiene la calificación de dicho espacio, su propietario ha solicitado dicha expropiación. Sin embargo, el Ayuntamiento, que considera que dicho terreno vale en realidad 6.286 euros, ha rechazado por unanimidad la reclamación del propietario.

En este sentido, el PSOE considera que lo que se debería hacer es "empezar de cero" y que la mejor opción habría sido "llegar a un acuerdo con los propietarios de los huertos" para no estar en esta tesitura.