12 de enero de 2019
12.01.2019

Ureta aduce que las obras por las que le juzgan no fueron en el casco histórico

El exalcalde socialista de Ribadesella, para el que piden dos años de prisión por un delito urbanístico, comparece ante un Juzgado penal de Oviedo

11.01.2019 | 23:38
Juan Ureta.

Juan Ureta, quien fuera alcalde socialista de Ribadesella entre 1979 y 1994, se sentó en la mañana de ayer en el banquillo del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo para responder de un presunto delito urbanístico por el que le piden dos años de prisión: haber realizado unas obras sin licencia en una parcela que, según la Fiscalía, se encuentra en el conjunto histórico de la villa, motivo por el que el proyecto era imposible de legalizar. Ureta, que tiene 82 años y exhibió durante la vista algunos problemas de audición -lo que le valió incluso alguna reconvención por parte del magistrado José María Serrano-, negó que los terrenos en los que había llevado a cabo las obras perteneciesen al conjunto histórico, motivo por el cual sí podían haber sido legalizadas por el Ayuntamiento, sobre el que derivó la responsabilidad de lo ocurrido. La defensa del exregidor, que corre a cargo del abogado Francisco Prendes, solicita la libre absolución. El juicio proseguirá el próximo día 18, y el 1 y 8 de febrero.

Ureta explicó que, en la citada finca, en la calle Trasmarina, había levantado unas pérgolas en 2003, con licencia municipal, y no las había vuelto a tocar. Posteriormente, en 2013 inició unas obras de conservación en una vivienda auxiliar de la finca, en ningún caso, sostuvo, en la zona declarada como conjunto histórico, que, al parecer, solo afecta a la parte delantera de la parcela. Según indicó, pidió licencia para las obras en 2012. El 2014, el Ayuntamiento, tras una denuncia vecinal, paralizó los trabajos.

Según Ureta, el Ayuntamiento olvidó que le habían concedido licencia en 2003 para realizar los trabajos. Por tanto, derivó la responsabilidad hacia el propio Ayuntamiento y negó cualquier mala fe en este asunto. En los próximos días declararán los testigos tanto de la acusación como de la defensa, así como los peritos.

Para la Fiscalía, Ureta, sin solicitar la preceptiva licencia -un hecho que él llegó a admitir en la fase de instrucción-, en fechas posteriores al verano de 2012, comenzó a ejecutar unas obras de ampliación sobre la edificación preexistente, de dos plantas, y otra edificación auxiliar de planta baja y cubierta plana. Las obras, hasta el momento en que se acordó su paralización, consistían en una estructura de hormigón (pilares y forjado) con tres plantas de altura, adosada a la fachada sur de la vivienda unifamiliar preexistente. Las obras ejecutadas, para el fiscal, no podían ampararse, al resultar de imposible informe favorable por la Comisión de Patrimonio Cultural.

Aparte de la pena de prisión, el ministerio público solicita una multa de quince meses, a razón de 12 euros diarios -lo que hace la cantidad de 5.400 euros-, así como la inhabilitación de Ureta para ejercer la profesión o desempeñar toda actividad relacionada con la promoción inmobiliaria por espacio de dos años. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita que se condene al acusado a la demolición de la estructura de hormigón ejecutada sin licencia e ilegalmente, de conformidad con el proyecto aprobado por los servicios técnicos, con un coste de cerca de 12.000 euros.

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