Con la "conciencia muy tranquila" y seguro de no haber cometido ninguna ilegalidad. Así salió ayer del juzgado de Primera Instancia de Llanes el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Llanes, José Manuel Herrero, tras declarar ante la jueza por un supuesto delito de prevaricación administrativa en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía por la supuesta contratación ilegal de una trabajadora del Ayuntamiento cuando ejercía como edil de Personal en 2008. Fue el alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas (VxLl), quien puso los hechos que ahora se investigan en conocimiento de la Fiscalía. Herrero acudió al juzgado arropado por las ediles socialistas Sandra García, Patricia Gavito y Lourdes Vegas. Confía en su inocencia y en el archivo de la causa.

Para el líder de la oposición en el Ayuntamiento, la denuncia contra su persona responde, única y exclusivamente, a una estrategia diseñada por el alcalde de Llanes "con el beneplácito" del segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Armas (PP), "para desprestigiar la labor realizada por el PSOE en el Ayuntamiento". Según Herrero, Armas, "quien vetó a Marián García como alcaldesa, hace seguidismo al alcalde".

Herrero, a la salida del juzgado, aseguró que la empleada había entrado a trabajar en el Ayuntamiento con un contrato de prácticas antes de que él asumiese la cartera de Personal. "Luego se la contrató para reforzar el servicio de Urbanismo con todos los parabienes y los informes jurídicos correspondientes", subrayó.

Éste añadió que "no hubo nadie que dijese en aquel momento que estuviese mal hecho. En el contrato pone: 'vistos los informes jurídicos y de tesorería'", señaló. Dicha contratación, añade Herrero, se produjo en una época donde las altas de trabajadores estaban a la orden del día en base, por ejemplo, "a talleres de empleo o acciones complementarias". El secretario general del PSOE en Llanes recalcó que "ni contraté, ni firmé el cese de esta trabajadora, ni permití que continuase trabajando, como me acusa el alcalde, de forma consciente y para beneficiar a esa persona. Ahora sí que la conozco, pero en aquel momento no tenía ningún tipo de relación con ella", dijo.

Esta es la quinta denuncia por la que Herrero tiene que visitar el juzgado desde que el cuatripartito accediese al poder en 2015. Hasta el momento, todas han sido archivadas. Herrero tiene abierta otra causa por la investigación del denominado "caso Fombella", por los presuntos pagos irregulares efectuados al arquitecto Javier Fombella entre los años 2007 y 2015 por valor de medio millón de euros.

"Errores en la gestión y equivocaciones los cometemos todos, pero de ahí a que haya intención, prevaricación, beneficios y dolo, hay mucha diferencia. La judialización es lo que nos ha tocado estos cuatro años con gente que hace este tipo de política", concluyó Herrero.