El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Cangas de Onís ha imputado por un posible delito de prevaricación a los exalcaldes foristas del Ponga Cándido Vega y Mercedes Traviesa, así como a los otros dos concejales de Foro en el pasado mandato, Ángel María Collado y Víctor Armando Ibáñez, por aprobar en el Pleno que el Ayuntamiento pagase la defensa del alcalde y de los que hicieron las obras ilegales en varias pistas del concejo, por las que Vega fue condenado.

Según el escrito del juzgado, en las investigaciones llevadas a cabo "resultan indicios bastantes de criminalidad" al considerar que Vega habría autorizado "que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la defensa de los palistas" que realizaron los trabajos de arreglo de varias pistas del concejo, un caso por el que fue condenado a un año y medio de prisión, siete años de inhabilitación para cargo público, el pago de una multa de 2.400 euros y una indemnización de 37.185 euros al Principado.

Además, el juzgado considera también que el Ayuntamiento habría asumido "los honorarios del despacho de abogados 'Queipo & Riego S.L.L.' en defensa del alcalde", unos pagos que se habrían aprobado en el pleno municipal.

Los hechos que se investigan se remontan al año 2012, cuando Vega, aún alcalde, fue condenado como autor de los delitos de prevaricación, desobediencia y contra los recursos naturales y el medio ambiente al haber ordenado el acondicionamiento de varias pistas sin contar con todos los permisos necesarios dentro del Parque Natural de Ponga, motivo por el cual tuvo que abandonar el Ayuntamiento al ser inhabilitado para cargo público durante un periodo de siete años. Junto a él, resultaron condenados también los dos palistas que trabajaron en las obras. En su caso, a seis meses de prisión como autores de un delito de desobediencia, ya que el Juzgado consideró que los tres habían desoído las órdenes para que se paralizaran los trabajos, emitidas por la Guardería del Principado.

Así las cosas, se ha investigado a los cuatro imputados por "un delito continuado de prevaricación administrativa", "un delito continuado de falsedad documental" y "un delito continuado de malversación".

La actual alcaldesa de Ponga, la socialista Marta Alonso, ya ha anunciado que el Ayuntamiento va a pedir la apertura del juicio oral para los cuatro investigados antes de que termine el plazo.