El Ayuntamiento de Ponga ha sido condenado a pagar 3.000 euros al mes durante hasta mayo de 2022 por el "caso Fontexina". El juez ha aceptado el fraccionamiento del pago de los 110.269,22 euros que tiene que abonar el organismo municipal a la empresa Contratas y Excavaciones Fontexina S. L., por diez obras ejecutadas y no pagadas en anteriores mandatos, más los intereses moratorios y costas del procedimiento, según un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Oviedo, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
Los pagos deben comenzar el 1 de abril, pero antes, en el plazo de un mes, debe producirse un acuerdo plenario que apruebe el compromiso de gasto plurianual ordenado por el juez. El auto aún puede ser recurrido en los próximos cinco días.
El juez acepta así la última propuesta municipal (antes había planteado la posibilidad de abonar solo 500 euros al mes). Atiende el magistrado la "imposibilidad" de abonar toda la deuda en un único pago debido a la "grave situación económica" que atraviesa el Ayuntamiento por las "numerosas y relevantes deudas" que tiene contraídas, heredadas de anteriores corporaciones.
El juez considera "razonable y proporcionada a la situación financiera del Ayuntamiento de Ponga" esta nueva propuesta, que aúna el derecho de la empresa a cobrar por los trabajos realizados y la posibilidad de crear un "trastorno económico grave" a la maltrecha hacienda municipal.
El Ayuntamiento debe abonar 81.106,06 euros en concepto de retribución de los trabajos ejecutados por Fontexina y 29.163,16 euros por intereses moratorios legales y costas del procedimiento. Pagará 3.000 euros al mes hasta marzo de 2022 y saldará la deuda al mes siguiente, con un último pago de 2.269,22 euros. Los abonos deben realizarse siempre dentro de los primeros quince días de cada mes, según figura en el auto judicial.
El "caso Fontexina" se dilucida en los juzgados desde hace varios años. Primero los jueces tuvieron que establecer si las obras cuyo pago reclamaba Fontexina se habían ejecutado o no. Los anteriores alcaldes, Cándido Vega y Mercedes Traviesa, de Foro, mantenían que sí, y que por lo tanto debían ser abonados, mientras que la actual regidora, Marta Alonso, del PSOE, defendía que algunas o no se ejecutaron o se realizaron de forma deficiente o carecían de cualquier tipo de expediente. Las declaraciones de un perito del Principado llevó a los tribunales a dar la razón a la empresa y a ordenar el pago de la deuda reclamada.
Hubo asimismo un conflicto político, porque Foro exigió a la Alcaldesa el pago de la deuda para evitar que esta se incrementara con intereses y costas. Pero Marta Alonso defendió desde el primer momento que pagar sin una sentencia judicial hubiera supuesto un delito de prevaricación, al abonar obras sobre las que no existe constancia en el Ayuntamiento. La regidora rechazó por dos veces los consejos de los abogados que defendían al Ayuntamiento para aceptar las pretensiones de la empresa, ante la imposibilidad de ganar el juicio.
