A punto de concluir su primer mandato, la alcaldesa de Ponga, la socialista Marta María Alonso, sigue dando a conocer nuevos desfalcos supuestamente cometidos durante la etapa de Foro en el gobierno local. En el pleno ordinario de ayer, sin ir más lejos, la corporación municipal votó -con la abtención de los foristas- declarar nulo un acuerdo de 2012 por el que el consistorio asumía los gastos de la defensa personal del exalcalde Cándido Vega (entonces en el gobierno) y de unos palistas, investigados por abrir pistas sin los permisos oportunos dentro del Parque Natural de Ponga. Con esta medida, Alonso busca que los afectados devuelvan a las arcas municipales -al borde de la bancarrota- casi 25.000 euros. La portavoz de Foro, Menchu Sánchez, se ausentó de la sala durante la votación por ser Vega su marido. A su regreso, pidió conocer la cifra de dinero que el gobierno (PSOE-PP) llevaba gastados en defensa judicial durante el presente mandato, una cantidad que la alcaldesa fijó en menos de 20.000 euros.
Entre los asuntos a los que ayer se dio luz verde -también con abstención de Foro- figura el pago mensual de 3.000 euros a Contratas y Excavaciones Fontexina S. L, empresa que reclamó por vía judicial una cuantía superior a los 80.000 euros por trabajos realizados durante la etapa de Vega en el gobierno. Foro justificó la abstención en que, si se hubiera llegado a un acuerdo con la empresa sin pasar por el juzgado, la cantidad a la que el Ayuntamiento tendría que hacer frente sería menor. Por unanimidad se aprobó la legalización de una cabaña que el concejal de Foro, Ángel María Collado -que no asistió al pleno-, tiene en el puerto de Arcenoriu. "Es preocupante que haya que legalizar una cabaña a la que el exconcejal de Ganadería ya llevaba tiempo dando uso", señaló la alcaldesa antes de dar el visto bueno.
Otro de los puntos del día fue la aprobación de un reglamento de acceso a viviendas de propiedad municipal "para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de acceder a ellas". Alonso indicó que esta medida -que salió adelante- se toma después de detectar irregularidades en los contratos de arriendo de dos casas de Beleño y una de Viboli firmadas en anteriores mandatos.
