Los socorristas blindan su autoridad en las playas de la comarca oriental. El Ayuntamiento de Ribadedeva ha sido el último en aprobar una ordenanza que protege de forma expresa a los trabajadores del servicio de salvamento y la autoridad que representan, con multas para los usuarios de hasta 750 euros por bañarse con bandera roja en contra del criterio de los socorristas, hasta 1.500 euros por desoír sus indicaciones y con sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros en caso de una incidencia muy grave, como sería el caso de agresiones o amenazas.
Ribadedeva se une así a los concejos de Llanes, Ribadesella y Caravia, siendo el de Colunga el único de la comarca que no cuenta en su ordenanza de uso de arenales con sanciones para aquellos que no respeten las órdenes de los socorristas.
En el caso de su concejo vecino, Llanes, esta ordenanza también se es bastante reciente. En ella se recogen sanciones de entre 50 y 150 euros para aquellos que tengan comportamientos como no seguir las indicaciones del personal de salvamento hasta otras multas más cuantiosas, de hasta 3.000 euros, para quien cometa acciones graves como amenazar o agredir a los socorristas de las playas. Esta ordenanza se tramitó durante el pasado año, y llegó en un verano en el que los socorristas de algunos arenales llaniscos se vieron obligados a llamar a las fuerzas del orden al verse amenazados e insultados, sobre todo en días en los que el baño estuvo prohibido por las malas condiciones del mar. En Ribadesella, municipio en el que las sanciones por no reconocer la autoridad de los socorristas llevan mucho más tiempo en vigor, rigen los mismos motivos que en Llanes para que los agentes de la Policía Local puedan multar a los usuarios de sus playas, si bien allí las sanciones son más bajas, pues una falta grave puede alcanzar como mucho los 1.500 euros de multa.
Por su parte, en las playas de Caravia con vigilancia las multas por no seguir las instrucciones del personal de salvamento, considerado como una falta leve, se sancionan con un máximo de 150 euros, mientras que en los casos más graves la cuantía puede aumentar como mucho hasta los 300 euros.
Con variaciones entre las sanciones, casi todos los concejos costeros de la comarca han ido aprobando medidas que protejan y reconozcan la autoridad en los arenales del personal de salvamento. Además, son comunes a todos los concejos otras infracciones, cuya cuantía es la ya citada según sea considerado una falta leve o grave, como hacer fuego en los arenales, la contaminación del entorno o hacer un mal uso del mobiliario y las instalaciones con las que cuente cada playa, como por ejemplo las duchas. Eso sí, en estos casos se tiene en cuenta si la persona que está llevando a cabo la infracción es ya reincidente o si por el contrario es la primera vez que incumple las normas, así como su intencionalidad a la hora de hacerlo.
Ordenanzas que se han ido creando o ajustando para salvaguardar el entorno de las playas y la seguridad tanto de los usuarios como de los profesionales.
