El abastecimiento de agua en Ribadesella está en un "limbo ilegal" y, por el momento, parece que nadie sabe asegurar al cien por ciento qué va a ocurrir con el servicio. Así lo ha indicado la alcaldesa del concejo, Charo Fernández Román, después de que el Pleno haya decidido, por segunda ocasión, no contratar a la empresa señalada por los técnicos municipales. La votación se saldó con los cinco votos a favor de los concejales no adscritos que forman parte del equipo de gobierno, la abstención de la única edil de Foro (integrante también del gobierno municipal) y los siete votos en contra de PSOE, Pueblu, PP y Verónica Blanco, la concejala que pasó de Foro al grupo de los no adscritos ya al comienzo del mandato.
Un nuevo revés que añade inseguridad al panorama que ya se presentaba antes del pleno y que no entienden en el equipo de gobierno, pues afirman que hay "trece informes de Secretaría que avalan la legalidad del procedimiento". Un argumento que no convence a la oposición, en la que no acaban de ver bien justificada la baja temeraria que presenta esta empresa en su oferta. Entre otros argumentos, el portavoz del PP, Juan Manuel Blanco, afirma que el proceso de adjudicación les causa "muchas dudas jurídicas", mientras que el edil del PSOE Secundino Díaz Cayuela cree que uno de los principales problemas es la composición de la mesa de contratación, en la cual reclaman más presencia.
Por su parte, Pueblu no solo pone en duda la validez de la oferta presentada, en la que, argumenta, "los informes de los consumos se hacen en función del concejo de Villaviciosa" y, por lo tanto, a su juicio no son representativos, sino que, además, temen incurrir en "responsabilidad jurídica" en caso de que su voto fuera positivo.
Y es que, para añadir más problemas a un proceso que ya de por sí se ha enquistado en Ribadesella, el portavoz de la formación, Ricardo Cangas, presentó ayer una moción que finalmente no pudo ser incluida en el orden del día en la que manifestaba sus dudas sobre la legalidad de la prórroga por la que Asturagua ha estado prestando el servicio desde 2016. Según entiende Cangas, por las características del contrato firmado en los años 90 con esta empresa, dicha prórroga solo se podría haber alargado durante un año, es decir, hasta 2017, por lo que, ante este panorama, Pueblu, de acuerdo con el resto de la oposición, abogó por que el asunto fuera llevado al Consejo Consultivo del Principado para desesntrañar todos estos entresijos legales.
Con este complicado cuadro, corresponde a los técnicos municipales volver a estudiar el asunto para ver qué solución se le puede dar y en qué punto se encuentra el servicio ahora mismo.
Por su parte, la regidora riosellana no descarta convocar aún otro pleno extraordinario antes de las elecciones del 26 de mayo si se encuentra la forma para dejar este caso atado. De no ser así, será la corporación entrante la que tenga que solucionar esta situación para asegurar el servicio de agua a los riosellanos.
Algo que no se antoja fácil si no se llega a algún acuerdo entre los grupos antes de volver a votar, ya que no solo la opinión de la oposición no se ha movido ni un ápice hacia el "sí" a la adjudicación, sino que, además, el voto favorable cada vez pierde más adeptos tras la abstención de María José Bode (Foro) por "falta de información".
Ahora vuelve a estar en mano de los técnicos municipales analizar la nueva situación, en la que intentarán encontrar una solución definitiva a este asunto.
