Los propietarios de la nave de Muebles Pacoli, derribada en Colunga en 2016 tras la anulación de su licencia, quieren cobrar la indemnización que, dicen, les corresponde. El 6 de septiembre de 2018 el Ayuntamiento ya emitió una resolución desestimando, por extemporánea, la reclamación de responsabilidad de daños por la demolición de la nave.
Una demolición que tuvo lugar porque la licencia para la construcción del edificio había sido anulada por vía judicial. Cuando los empresarios reclamaron su indemnización había pasado más de un año desde aquello. Ese es el tiempo máximo, adujeron desde el Ayuntamiento, para reclamarlo. Se basaron en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) referida a un caso similar en donde la resolución judicial especificaba que el tiempo para reclamar una contraprestación económica es de un año desde que se recibe la notificación de derribo, y no desde que se procede a dicho derribo.
Ahora los representantes de Muebles Pacoli han presentado un recurso de reposición "incorporando mayores razonamientos" para poder percibir lo que creen que les corresponde, una cuantía que asciende a 365.000 euros para indemnizarles. Dicen en su escrito que "la sentencia del Tribunal Supremo" en la que se apoyan para no abonar la indemnización no resulta tan contundente a su juicio. Los empresarios se agarran a un matiz para continuar su lucha.
La propiedad dice que fue "consciente de las múltiples actuaciones municipales tendentes a evitar la demolición final de la nave, lo que motivaba la improcedencia de reclamar un daño que no se había hecho efectivo". Sin embargo, añaden, "una vez se constató la imposibilidad de legalizar la construcción y restaurada la legalidad urbanística alterada se entiende contrario a elementales principios de justicia material hacer soportar en exclusiva el daño sobre quien no lo generó y actuó con la creencia de que el Ayuntamiento subsanaría de algún modo los efectos que la anulación de un acto administrativo generaba en su esfera patrimonial".
La lucha, parece, se reaviva de nuevo en Colunga en torno a un tema que ya parecía zanjado cuando desde el Ayuntamiento se pidió al Consejo Consultivo del Principado de Asturias información al respecto. Éste estimó que los propietarios de la nave, que se encontraba en el barrio de El Barrigón y que se derribó después de casi dieciséis años en los tribunales, no tenían derecho a recibir una indemnización por haberla solicitado cuando el plazo para hacerlo ya había finalizado. Concretamente se señaló que "la reclamación de los propietarios se presentó el 1 de marzo de 2017", mientras que la sentencia de apelación era del "28 de marzo de 2001 y confirma la dictada en primera instancia, anulando la licencia que ampara la construcción de la nave por tratarse de un uso no autorizable sobre el suelo en que radica". Según su criterio, "la nulidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento habría de conducir inevitablemente a la demolición de lo construido", por lo que ya en aquel momento se podía hacer una evaluación económica de lo que se reclamaba.
El Gobierno de Sandra Cuesta, que sucedió en el cargo a Rogelio Pando, tendrá ahora que retomar esta cuestión que parecía olvidada en el municipio.
