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La suspensión de las licencias de construcción en Llanes, sujeta a un informe jurídico

Urbanismo señala septiembre como fecha probable y critica la actitud de Asecoa

El Ayuntamiento de Llanes suspenderá las licencias de construcción cuando lo indique "un informe jurídico que deberá redactar el vicesecretario municipal cuando se incorpore a su puesto de trabajo". Lo dijo ayer la edil de Urbanismo, Marián García de la Llana, en respuesta la Asociación de Constructores del Oriente de Asturias (Asecoa) que trasladó a los medios de comunicación una serie de preguntas que ya había hecho de forma verbal y por escrito en el Consistorio, "y cuya respuesta había sido dada", subraya la edil.

El sector de la construcción planteó también "cuándo es la fecha del plazo mínimo estimado para la suspensión" y si ésta se aplicará "a las solicitudes que tengan una antigüedad inferior a tres meses".

García de la Llana afeó la actitud del colectivo al trasladar a la opinión pública esta inquietud, "que ya había sido satisfecha en reuniones que hemos venido manteniendo; hemos llegado a tener dos en una semana", recordó García de la Llana. Los empresarios "saben que estamos pendientes de un informe que tiene que hacer un funcionario que está de vacaciones y saben que el criterio municipal marca septiembre como el momento para plantearse la suspensión de licencias, desconozco por qué han decidido hacer público esto ahora. Ellos saben que podemos debatir cuestiones técnicas que afecten al interés general, pero en las dobles intenciones que puedan responder a intenciones personales no van a encontrarme", reprochó la edil. Es en ese informe, que únicamente puede redactar el vicesecretario, donde se dará respuesta a los planteamientos de Asecoa, "y lo saben de primera mano", insistió García de la Llana. No obstante, "se les contestará por escrito sin sobrepasar los plazos que marca la ley", avanzó.

La tramitación del Plan General de Ordenación que ahora mismo se redacta en Llanes implica un período de suspensión de licencias para evitar un conflicto de intereses entre la normativa en vigor y la que se aprobará a continuación. De ahí que los constructores que solicitan de forma reiterada un calendario de previsiones.

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