El Ayuntamiento de Colunga trabaja en la redacción de una ordenanza que establezca unos criterios básicos para la explotación maderera en el concejo. La alcaldesa, la socialista Sandra Cuesta, explica que su gobierno trabaja con todos los grupos municipales para establecer una tasa y fijar un aval a aquellas empresas que ejerzan su actividad en los bosques de la zona, de donde se sacan unas 20.000 toneladas de madera anuales Aún no hay cantidades definidas, pero la idea es "cobrarles una tasa por tonelaje y un aval por el uso de los espacios públicos".

Colunga, asume Cuesta, "es uno de los pocos Ayuntamientos que no cobra a los maderistas un aval por el uso de los caminos" y al terminar la actividad "nos encontramos caminos totalmente estropeados" por el uso de la maquinaria, habitualmente pesada, de las empresas madereras. Finalmente es el Ayuntamiento quien se tiene que hacer cargo de los desperfectos de estas pistas para retornarlas a su estado original.

Desde el Consistorio, advierte la regidora, "facilitaremos lo máximo posible la iniciativa privada, pero también velaremos por los intereses públicos, con lo que es necesario regularizar determinadas actividades, tanto para las empresas como para los vecinos, que se regirán por lo que marque la ley".