El Ayuntamiento de Llanes no tiene que pagar 19 millones de euros por daños y perjuicios a los propietario del hotel Kaype, según ha fallado, en primer instancia, una jueza ovetense. La sentencia no es firme y puede ser recurrida antes de 15 días, pero supone una primera y sonora victoria judicial del organismo municipal, que se enfrenta a la quiebra técnica en el caso de que sea atendida la demanda por el derribo parcial del Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. De momento, y salvo que una instancia superior revoque esta sentencia, el Ayuntamiento no tendrá que pagar ni un euro a la mercantil demandante, Carrera y Pérez S. L.
La jueza del "caso Kaype" ha concluido que la reclamación patrimonial de la propiedad por los daños y perjuicios derivados de la anulación de varias licencias, que desembocó en la orden judicial de demoler parte del hotel, fue presentada fuera de plazo, dos años y medio tarde, por lo que había prescrito cualquier derecho indemnizatorio. Esta consideración hizo que la magistrada no entrara en el fondo del asunto.
Carrera y Pérez S. L. había presentado un recurso contencioso contra la desestimación por silencio administrativo del Ayuntamiento de Llanes de la reclamación patrimonial formulada el 14 de diciembre de 2018 por "los daños y perjuicios" provocados por la anulación judicial de varias licencias que habían concedido los anteriores dirigentes municipales socialistas. La actuación municipal al desestimar el recurso, según la jueza, fue "conforme a derecho".
La propiedad reclamó al Ayuntamiento 19 millones, más los intereses correspondientes. Una cantidad que surge de sumar el "daño emergente" por las obras ejecutadas (4,6 millones); los "gastos adicionales" derivados de la ejecución y la paralización de los trabajos y la compra de fincas anexas y otros gastos (4,9 millones); el lucro cesante (8,9 millones); los ingresos perdidos al tener que precintar varias habitaciones (246.000 euros) y los daños morales (457.000 euros).
Los recurrentes alegaron que no tenían "deber jurídico" de soportar los efectos derivados de la anulación de las licencias que le había concedido el Ayuntamiento. Y que existió una "relación de causalidad evidente" entre la ejecución de las obras, las licencias concedidas por el Ayuntamiento, la anulación de las mismas, y los daños por la demolición. El ente local, por su lado, alegó que la reclamación se había presentado fuera de plazo.
La jueza, en una detallada sentencia que ocupa 22 folios, da la razón al Ayuntamiento y concluye que Carrera y Pérez S. L. debió interponer su reclamación en el plazo de un año a contar desde la fecha de firmeza de las sentencias, el 28 de mayo de 2015, cuando se emitió el fallo que "ya le permitía conocer la existencia y el alcance del daño", pues, en ese momento, la propiedad sabía "que la anulación de la licencia era firme e irrevocable" y que debía proceder "a la demolición de lo realizado a su amparo".
Los tribunales anularon las licencias municipales, entre otras razones, porque el Ayuntamiento permitió agrupar tres parcelas con calificaciones urbanísticas diferentes (una urbana consolidada y dos no consolidadas), lo que supone una infracción ilegalizable, que obliga a reponer el suelo afectado a su situación anterior. Además, la licencia de obras concedió a la propiedad mucha más edificabilidad que el máximo legal permitido.
Las obras de ampliación del hotel Kaype comenzaron en febrero de 2013, sin contar con la preceptiva licencia municipal. Fueron paralizadas por orden judicial en octubre de 2014, cuando ya estaban muy avanzadas y tras solicitarlo el Gobierno del Principado, una vez que el anterior gobierno socialista llanisco se negó a modificar la licencia de obras para adaptarla a la legalidad vigente, como le había ordenado la Dirección General de Urbanismo.
