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Los Picos, el parque nacional ingobernable

El plan rector, que se aprobará en 2021 tras 15 años sin consenso, sigue sin contentar a todos

En primer término, Juan Sobrecueva, ganadero y productor de gamonéu, en los Lagos.

En primer término, Juan Sobrecueva, ganadero y productor de gamonéu, en los Lagos.

El parque nacional de los Picos de Europa lleva quince años sin un plan con el que regir su destino. Sin una norma específica que regule su gestión, su conservación, su aprovechamiento y su desarrollo socieconómico. Tres lustros de diversidad de opiniones, de enfrentamientos y de fricciones entre administraciones y sectores afectados. La ordenación del parque, que primero fue sólo de la Montaña de Covadonga para más tarde incluir en la protección a otros territorios de Asturias, Cantabria y Castilla y León, no ha logrado contentar, nunca, a ninguna de las partes. Jamás. De ahí que nadie haya podido gobernarlo ateniéndose a un criterio único.

Ganado y montañeros en la ruta del mirador de Ordiales. Miki López

El próximo 17 de noviembre, en menos de diez días, se presentará ante el Patronato el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque. Sigue sin ser del gusto de todos, a la vista de las reacciones críticas de los alcaldes asturianos de los municipios afectados, que reclaman compensaciones y más inversiones que las previstas. Es, al menos, sostienen otros, un documento en el que apoyar el futuro.

Depende de qué voces se tengan en cuenta, este texto puede ser o no el definitivo. En todo caso, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, anunció esta semana en el Parlamento asturiano que 2021 será, al fin, la fecha de aprobación de dicho plan rector.

Más trabas

Con él se planificará el futuro de este emblemático espacio, un lugar en el que no sólo hay una riqueza paisajística de un valor incalculable, sino en el que también hay viviendo unas 4.600 personas y trabajando para mantener su actividad, y el propio territorio, cientos de pastores. Paisaje, vecinos y ganaderos siempre estuvieron. Antes de las figuras de protección. Y nunca vieron con buenos ojos que la tierra en la que tienen su modo de vida fuera objeto de limitaciones porque iban a soportar más trabas que beneficios sin que la compensación, si es que llegaba, equilibrara las pérdidas.

Esta historia empieza en 1918, cuando la Montaña de Covadonga fue declarada primer Parque Nacional de España. Las manifestaciones de pastores se sucedieron. El ruido, las voces contrarias y el importante rechazo a la protección no impidieron que el Parque lo fuera de facto.

Turistas. Miki López

Aquella oposición se mantuvo con el paso de los años. Y creció cuando el espacio protegido quedó en manos del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), que tuvo un papel controvertido en la gestión de los espacios naturales que administraba. Los pastores denunciaron que las medidas eran aún más férreas y restrictivas y volvieron a salir a la calle. En 1991 las comunidades asumieron las competencias que desempeñaba el instituto y su función fue asumida por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza.

A principios de la década de los noventa, el PSOE, en el Gobierno, plantea que el parque que en ese momento formaba el macizo occidental de los Picos de Europa (la Montaña de Covadonga) ha de ser ampliado. En principio, aquella pretensión se vería recompensada con inyecciones económicas provenientes de fondos europeos. Empezaron la campaña de ampliación y comenzaron, al tiempo, los rechazos a la misma. Hubo movilizaciones, manifestaciones de todo tipo e incluso episodios de agresiones.

En aquel maremágnum de voces contrarias, los planes del Gobierno continuaron y se materializaron, aunque se dejó fuera al concejo de Peñamellera Alta. El Parque, a ojos de la entonces consejera de Medio Ambiente y Urbanismo asturiana, María Luisa Carcedo, ”quedó cojo”.

Senderistas en pleno ascenso. Miki López

El 14 de noviembre de 1994, cuando Carcedo defendió en el Congreso la ampliación del Parque, asumió ya ante la Cámara la existencia de problemas importantes. “Se presentan varios aspectos desde el punto de vista de la protección y la conservación. En primer lugar, se trata de un espacio con entidad propia, muy bien definido, que constituye una unidad territorial, pero administrativamente dividido en tres partes pertenecientes a distintas comunidades”, explicaba, para ejemplificar la compleja gestión.

Con todo, en 1995, el Parque se amplió a los tres macizos de los Picos de Europa. Y se reinventó. Así, a las dificultades que suponía a los ganaderos, se sumaron las que generaron los propios políticos y las distintas visiones de ecologistas, montañeros y todo tipo de sectores sociales que, de uno u otro modo, eran parte implicada en el debate.

Las tres comunidades tenían entonces un plazo de un año para aunar criterios y elaborar un plan rector común. Una sola norma para un espacio que, debiendo entenderse como una única unidad a efectos de gestión, se encontraba con la dificultad de estar integrado por territorio de tres autonomías distintas.

De aquella se hicieron 32 documentos, todos borradores. El 33, al fin, fue el plan considerado oficial. Cosechó oposiciones de unas y otras partes y, en 2002, el ayuntamiento de Amieva, , la Junta Vecinal del Real Concejo de Valdeón y la Asociación de Propietarios y Afectados por el Parque Nacional de Picos de Europa (Asape) denunciaron ante los tribunales. El Supremo falló a favor de quienes habían visto anomalías en el texto: entre otros, no se preveía un plan de inversiones que sostuviera la aplicación de la figura de protección.

Así, el Parque se quedó sin plan rector en 2005. Un año antes, en 2004, el Tribunal Constitucional, atendiendo a un recurso que algunas comunidades habían planteado a la ley de Parques Nacionales, estimó que los espacios protegidos de esa categoría debían estar gestionados, únicamente, por las regiones y no por el Estado. Aquello no suponía mucha complicación para los parques nacionales al uso, pero sí para Picos, porque eran tres comunidades, y no una, las que lo formaban.

Sin plan rector y sin tutela del Gobierno, ¿cómo gestionar los Picos de Europa? Los obstáculos siguieron estando presentes. Los salvaban ayuntamientos, vecinos y, en mayor medida, los ganaderos. Mientras, los políticos seguían debatiendo sobre el futuro del parque.

En 2009, los por entonces presidentes de Asturias, Castilla y León y Cantabria, Vicente Álvarez Areces, Juan Vicente Herrera y Miguel Ángel Revilla, respectivamente, sellaron un pacto en León y presumieron de que todo estaba en orden, de que había acuerdo para gestionar de forma conjunta el Parque. Sólo restaba ya trasladar este convenio al Congreso y suscribir con el Gobierno central el acuerdo definitivo para el traspaso de las competencias.

Al final, tardaron dos años en hacerlo. En 2011, las competencias sobre el Parque se transfirieron. Les dieron un año de plazo para elaborar un plan rector. Asturias mostraba una visión menos conservacionista que Cantabria, que veía el futuro en manos de la explotación turística. Castilla y León se posicionaba más a favor de la propuesta cántabra. La dispersión de criterios continuó. Tardaron seis años en tenerlo. En 2017 se anunció que estaba listo y se iba a aprobar. Pero no fue así.

El 17 de diciembre de 2018 se anunció un nuevo acuerdo. Fue necesario para ello que el Principado trasladara las competencias sobre Medio Ambiente a la consejería de Infraestructuras, lo que provocó un acercamiento a Cantabria y Castilla y León, del que surgió un documento consensuado, que salió a información pública entre el 1 de marzo y el 1 de mayo de 2019. Recibió, según explicó Alejandro Calvo esta misma semana, 1.200 alegaciones.

El objetivo era aprobar el plan rector en 2019. Después se anunció que sería en el primer semestre de 2020. Luego a finales de año. Ahora, el consejero asturiano promete que el Parque tendrá plan rector en 2021. Tal vez ahora sea verdad.

“Es un error descartar el tren cremallera”, dice el PP

El diputado del PP Javier Brea cargó ayer contra el nuevo plan rector de los Picos. Así, calificó de “irrisorios” los 1,6 millones anuales para inversiones en las tres comunidades implicadas. Incide además en los usos y actividades tradicionales, que deben protegerse “para salvaguardarlos, como la del pastoreo extensivo de montaña y la elaboración de queso de Gamonedo del puerto, los dos grandes valores responsables de su fisionomía y de su catalogación como Parque Nacional”.. Asimismo, ve “imprescindible” que se permitan “quemas, desbroces o arreglos de infraestructura”. El borrador prevé la incompatibilidad de nuevas líneas ferroviarias, lo que echa por tierra la propuesta del PP de un tren cremallera del Repelao hasta el Lago Enol. “Nos parece un error”, concluye Brea.

El funicular de Bulnes, inoperativo hasta diciembre

El funicular que da acceso a Bulnes (Cabrales) deja de funcionar desde hoy, domingo, hasta el próximo 4 de diciembre, para el desarrollo de labores de mantenimiento. Según el Principado, esta actuación completa la revisión integral de la infraestructura acometida a lo largo de este año. Los últimos trabajos se llevaron a cabo en febrero. La interrupción del servicio, pactada con los vecinos de Bulnes, según el Principado, se efectúa para comprobar el funcionamiento y ajuste de los elementos que afectan a la polea motriz y a los sistemas de frenado. Se trata de una inspección periódica en la que participan expertos de diversas partes del mundo. Esta actuación tiene un coste de 391.246 euros, financiados por la Viceconsejería de Infraestructuras, Movilidad y Territorio.

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