El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Llanes y secretario general de la Agrupación Socialista Local, José Manuel Herrero Mijares, ha decidido dimitir de todos sus cargos después de haber sido condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público con la Administración por un delito continuado de prevaricación administrativa al contratar de manera irregular los servicios municipales de Medicina Deportiva cuando era concejal delegado de Deportes, entre 2007 y 2011. El exconcejal socialista Emilio Francisco Carrera Iglesias, ahora apartado de la vida política, fue condenado a la misma pena por idéntico delito, mientras que resultó absuelto el trabajador municipal que ejercía como coordinador deportivo.
Herrero contrató a un médico deportivo, a una fisioterapeuta y a un nutricionista “de forma verbal, por su mera voluntad, sin contrato escrito, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público”, según figura en la sentencia del Juzgado de o Penal número 1 de Oviedo, que no es firme pues aun puede ser recurrida en apelación.
“No soy una persona corrupta”, clamó ayer el concejal. “En el plano personal ni acepto ni comparto la sentencia condenatoria, pero la acato porque vivimos en una democracia y el ámbito judicial me merece todos los respetos”, indicó. Herrero recurrirá el fallo por considerarlo injusto y luchará “con todo lo posible” por demostrar su inocencia. Pero en el plano político subrayó que forma parte de una agrupación que tiene “un código ético y si una sentencia es condenatoria no ponemos nuestro cargo a disposición de nadie, sino que dimitimos”. Ayer mismo dimitió como secretario general del PSOE de Llanes y en los próximos días presentará la renuncia como concejal. Aseguró que siempre creyó que “lo que hacía estaba en la legalidad absoluta y que ni tan siquiera era irregular. Puedo decir con la cabeza alta y mirando a cada uno de mis vecinos que en ninguno de estos años, desde que en 2007 decidí dar un paso adelante en política, me he llevado ni me he beneficiado de un solo céntimo. No soy una persona corrupta. Me habré equivocado, habré firmado resoluciones que perjudican a unos y benefician a otros, pero nunca con la intencionalidad de sacar un provecho personal de esas decisiones”, subrayó.
Según el juez, el concejal “desbordó la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso”, aunque también subraya que las facturas que presentaban los contratados –personal autónomo– “nunca fueron cuestionadas por el servicio de Intervención del Ayuntamiento”. El magistrado cree que Herrero y Carrera son “personas con experiencia profesional”, que ejercieron “largo período como concejales, luego sabían que actuando como lo hicieron obraban de forma arbitraria, injusta, que afectaba al interés general, al interés de otros profesionales, al no llevar a cabo una oferta pública de empleo” a la que pudiera concurrir cualquier persona. Al juez no le sirve lo que los ediles declararan, que ignoraban que lo que hacían era irregular y que únicamente continuaron prestando un servicio en los mismos términos que se hacía antes de su llegada.
El juez considera tanto a Herrero como a Carrera “personas instruidas” con “capacidad suficiente”, conocedoras de que “no existía un contrato escrito” y, por tanto, conocedores de que actuaban “de forma contraria a la ley, intencionada y dolosa”. Indica también que la “animadversión” que algunos testigos denunciaron del actual alcalde (Enrique Riestra) hacia los condenados “es irrelevante para el enjuiciamiento” puesto que el proceso se inició “por unos hechos que no cumplían el procedimiento en la contratación de profesionales”.
Los socialistas llaniscos cuentan ya con cuatro concejales condenados por contrataciones irregulares. Son, además de Herrero y Carrera, (con cuatro causas), las exconcejalas Esther Bustillo y Silvia Ruenes. Y el 26 marzo, acudirá al juzgado la número 2 del PSOE local, Sandra García, acusada también de un delito de prevaricación por contrataciones irregulares en 2012.
