El Pleno de Colunga decidirá si paga o recurre la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 365.000 euros a los propietarios de la empresa de Muebles Pacoli, cuya nave fue derribada en el año 2016, después de que la licencia municipal otorgada para su construcción se anulara por no estar sujeta a la legalidad. “Decidir si abonar la indemnización o recurrir el fallo tiene suficiente enjundia como para que sea la Alcaldía de forma unilateral la que tome la decisión”, asume la regidora, Sandra Cuesta. Por eso, convocará un Pleno extraordinario la próxima semana para que la Corporación al completo decida “algo que afecta a todos los colungueses”.
Si la decisión es la de pagar la cantidad estipulada a una familia a la que se le ha causado “un evidente daño patrimonial”, señala la alcaldesa, “tenemos el dinero para hacerlo, echaremos mano del remanente de tesorería y le abonaremos la cantidad” fijada en el fallo judicial, a la que hay que sumar “más de 40.000 euros de intereses y otros 20.000 de tasas”, subraya Cuesta. De ser así, Colunga vería afectadas parte de sus inversiones en actuaciones, como la del polígono industrial, entre otras.
La sentencia, emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Gijón, llega después de dos décadas de pleitos. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en otro caso similar estipulaba que los afectados debían exigir su contraprestación por el daño causado cuando se recibe la notificación de derribo, no cuando el derribo de la construcción se hace efectivo. Así, los propietarios de Muebles Pacoli vieron en agosto de 2018 cómo su compensación se anulaba en Pleno pese a que en marzo del mismo año el Gobierno local había modificado su presupuesto para reservar el pago de la indemnización.
La propiedad continuó aquel periplo en los tribunales, que ahora le dan la razón con una condena expresa al Ayuntamiento, que fue el que otorgó una licencia que más tarde fue declarada ilegal.
