La alcaldesa socialista de Colunga es partidaria de no recurrir la sentencia del “caso Pacoli”, aceptar el pago de los 365.000 por daño patrimonial y evitar un mayor quebranto económico a las arcas municipales prolongando un proceso judicial que siempre ha sido adverso a los intereses del Ayuntamiento. Esta es la posición que la regidora Sandra Cuesta defenderá en el Pleno de la Corporación, manteniendo así el criterio mayoritario de la Comisión de Hacienda, a excepción del concejal del Partido Popular.
El Ayuntamiento de Colunga fue condenado a pagar 365.000 euros a los propietarios de la empresa de Muebles Pacoli, cuya nave fue derribada en el año 2016, después de que la licencia municipal otorgada para su construcción se anulara por no estar sujeta a la legalidad. La sentencia fue emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Gijón y llega después de dos décadas de pleitos.
La Comisión de Hacienda municipal es contraria a recurrir el fallo tras analizar los informes jurídicos que solicitó el Ayuntamiento a raíz de la sentencia del “caso Pacoli”, que reconoce la responsabilidad patrimonial municipal en un caso que se remonta ya a más de 20 años. Así, la Alcaldesa defenderá el acuerdo extrajudicial alcanzado con la familia Pacoli como la mejor solución a un litigio cuyo recorrido, en caso de interponer recurso, sólo llevaría a dilatar más la solución sin ninguna garantía jurídica a favor del Ayuntamiento de Colunga, según todos los informes tanto de los técnicos municipales como de asesorías externas.
“Todas las corporaciones que nos han precedido intentaron, sin éxito, paliar de una u otra manera las consecuencias del daño patrimonial causado a esta familia por un error administrativo. Ahora, además de una sentencia que obliga al Ayuntamiento a reparar el daño ocasionado, tenemos la oportunidad de hacerlo con un acuerdo que supone un ahorro de las costas judiciales e intereses devengados por valor de unos 60.000”, asegura Cuesta.
Esta es una decisión ampliamente mayoritaria, al contar con el acuerdo de 10 de los 11 concejales de la Corporación. El remanente de tesorería del Ayuntamiento permitirá hacer efectivo este acuerdo con recursos propios y poner fin a un litigio que, “ tenemos la obligación de resolver ateniendo a los criterios equidad, justicia y diligencia, velando también por los intereses económicos de los vecinos”, según la Alcaldesa.
