Los exalcaldes de Ponga Cándido Vega y Mercedes Traviesa están siendo investigados como presuntos autores de sendos delitos continuados de malversación y prevaricación. Según la Fiscalía y la acusación particular, Vega cobró, supuestamente de forma indebida, un total de 13.258,72 euros. Primero, se autorizó pagos a sí mismo, y después Traviesa continuó con la misma práctica. La jueza de Cangas de Onís ha ordenado continuar la tramitación de las diligencias previas por si los hechos que se imputan a Vega y Traviesa son constitutivos de delito.
El auto recoge que Vega, que fue regidor de Ponga de junio de 2007 a mayo de 2013, “aprovechando su condición de Alcalde, se autorizó a sí mismo el pago de percepciones por kilometraje que, realmente, encubrían una retribución mensual”. De esta forma, “dio el visto bueno a los denominados partes de salida por desplazamiento en comisión de servicios que él mismo presentaba en solicitud del abono del kilometraje, y aprobó diferentes ordenes de pago del Ayuntamiento en su favor”.
Mercedes Traviesa, tras ejercer como teniente de alcalde, fue alcaldesa desde mayo de 2013 hasta junio de 2015, al sustituir a Vega tras ser este inhabilitado por sentencia judicial y continuó con la misma práctica que su predecesor: “De común acuerdo con el investigado, dio el visto bueno al parte de salida por desplazamiento en comisión de servicios y aprobó la orden de pago en favor del investigado en fecha 27 de mayo de 2013 por importe de 1.026 euros”. Los pagos por kilometraje que recibió Vega entre abril de 2012 y mayo de 2013 ascendieron a 8.157,27 euros, según se detalla en el auto judicial.
“El investigado, asimismo autorizó el cobro de la cantidad de 985,45 euros como coste de combustible como dieta a cargo del Ayuntamiento de Ponga”, añade el documento. Vega, además, se aprobó “el pago de dietas correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2012 por importe de 3.009,90 euros sin justificación”, y el pago “como dietas de compras personales en Valencia de Don Juan por importe de 64,50 euros y por un viaje personal a la localidad de Salas (Burgos) por importe de 15,60 euros”.
Los investigados ya fueron condenados al pago de todas esas cantidades por el Tribunal de Cuentas en octubre de 2018. Vega siempre ha defendido que sufre desde hace años “una persecución política”.
