La Fiscalía solicita penas de entre dos años y medio y tres años de cárcel para los exalcaldes de Ponga Cándido Vega y Mercedes Traviesa, a los que acusa de sendos delitos de prevaricación y malversación por cobrar kilometraje y combustible que encubrían una retribución mensual y una dieta a cargo del ayuntamiento entre los años 2012 y 2013.
El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de acusación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas de Onís.
Según el relato fiscal, Cándido Vega, que ejerció como alcalde desde el 16 de junio de 2007 hasta el 16 de mayo de 2013, se autorizó a sí mismo para cobrar kilometraje y dio el visto bueno a los partes de salida por desplazamiento en comisión de servicio.
Cuando Vega fue inhabilitado por sentencia judicial le relevó en el cargo Traviesa, que aprobó el pago de los kilómetros y el combustible a su antecesor.
De esta forma, el exalcalde cobró gastos por más de 13.205 euros sin justificación alguna, a lo que añadió, según la Fiscalía, dietas de compras personales en Valencia de Don Juan, en León, por importe de 64,50 euros y un viaje personal a la localidad burgalesa de Salas que no superó los 16 euros.
La Fiscalía imputa a Traviesa la continuación de esta práctica ilícita por la que llegó a autorizar sus propios partes de salida por desplazamientos en comisión de servicio por kilometraje entre los meses de mayo y diciembre de 2013.
Por estas dietas, la acusada percibió entre mayo de 2013 y mayo de 2014 un total de 6.427 euros, según recoge la Fiscalía.
Los acusados fueron condenados al pago, entre otras, de estas cantidades por sentencia del Tribunal de Cuentas en octubre de 2018.
La acusación pública imputa a cada uno de los exalcaldes un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, concurriendo en el caso de Vega la agravante de reincidencia respecto del primer delito.
Vega afronta una petición fiscal de 3 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que implicaría la pérdida de su condición de alcalde o concejal y la imposibilidad de ejercer cargos públicos electivos durante 9 años.
La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para Traviesa y rebaja su petición de inhabilitación especial para empleo o cargo público a ocho años.
