La Fiscalía ha archivado la denuncia de un concejal de Foro contra la el Ayuntamiento de Ponga por la contratación de una auxiliar de ayuda a domicilio para la residencia de Mayores en 2018.
La denuncia se refería a la contratación con carácter de urgencia de una trabajadora de ayuda a domicilio por parte del Ayuntamiento de Ponga cuando pretendía recuperar la gestión de la residencia de mayores, el 12 de noviembre de 2018. El contrato se formalizó al día siguiente determinando su duración hasta la fecha de fin del proceso de selección para cubrir la plaza. El rescate de la residencia por parte del Consistorio no se produjo hasta el 5 de febrero de 2019, sin que esta persona hubiera trabajado en la residencia, según recoge el decreto de la Fiscalía. El edil de Foro también reclamaba que la titulación de la persona contratada era de Gerocultora "diferente a la que fue contratada , sin que conste qué preparación o titulación tiene para efectuar dicha labor".
La Fiscalía ve "plenamente aplicable" el principio de celeridad del personal laboral temporal. En cuanto al cobro del sueldo durante ese tiempo, el decreto de la Fiscalía argumenta que se contrató ese día partiendo a la solicitud de la concesionaria al Ayuntamiento para que se hiciera cargo del servicio a partir de ese día. Sin embargo la concesionaria rechazó el acceso a las dependencias por conflicto con el Ayuntamiento por las condiciones para abandonar la residencia . Un conflicto que no se solucionó hasta el 5 de febrero de 2019 cuando el Ayuntamiento toma posesión del centro residencial. La Fiscalía argumenta que la trabajadora estaba contratada y que su trabajo resultaría indispensable en cuanto el Ayuntamiento tomase posesión de la residencia y considera que "resulta ajustado a derecho que percibiera su nómina durante esos meses".
No encuentra en los hechos carácter de delito. Por tanto el Fiscal archiva las diligencias, y no cabe recurso alguno.
