La Justicia anula la sanción a las trabajadoras de la escuelina de Ribadesella: "Las acusaciones fueron infundadas"

El Juzgado de lo Social de Oviedo ha anulado la sanción disciplinaria impuesta por el Ayuntamiento de Ribadesella a dos trabajadoras de la escuelina de 0 a 3 años, estimando la demanda presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CC OO). La resolución judicial considera que la medida municipal carecía de base objetiva y vulneraba las garantías esenciales de cualquier procedimiento sancionador.

El conflicto se remonta a una denuncia penal presentada hace años por un compañero del mismo servicio, que las acusó de supuestas vejaciones a menores. El proceso penal concluyó sin que se apreciara indicio alguno de delito, quedando las empleadas completamente exoneradas.

Hechos no acreditados

A pesar del cierre de la vía penal, la Inspección Educativa elaboró posteriormente un informe que, según el sindicato, se basaba en "opiniones personales" y no en hechos acreditados. El Ayuntamiento utilizó ese documento para activar un procedimiento administrativo que terminó en sanción disciplinaria. Ahora, la justicia social descarta ese proceso al considerar que se apoyaba en valoraciones subjetivas y no en pruebas contrastadas.

CC OO denuncia que la administración local habría empleado mecanismos disciplinarios como forma de presión, y celebra la sentencia como "un reconocimiento claro de la injusticia sufrida por las trabajadoras" y como un mensaje de respaldo al personal del servicio infantil.

Daños y perjuicios

Tanto la FSC-CCOO como la Unión Comarcal del Oriente del sindicato consideran que el fallo judicial cierra definitivamente un conflicto que se ha prolongado durante años en los ámbitos penal, social y laboral. A su juicio, queda demostrado que las acusaciones eran "infundadas" y que nunca existieron los hechos denunciados. Las trabajadoras afectadas, señalan, se reservan ahora la posibilidad de reclamar daños y perjuicios.

Las organizaciones sindicales emplazan al Consistorio riosellano a abandonar "prácticas sancionadoras sin fundamento" y apostar por el diálogo para garantizar "un servicio público de calidad" y unas condiciones laborales dignas en la etapa educativa de 0 a 3 años.