Esta es la postura del Gobierno español sobre la protección del lobo (y no va a gustar en algunos sectores)

El lobo seguirá gozando de protección especial; al menos, de momento. El secretario de estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, aseguró este viernes en Ribadesella que el lobo no será excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y que se mantendrá el actual marco de gestión de este controvertido animal, al amparo de la directiva europea Hábitats.

Morán señaló que el lobo solo dejará de estar protegido si así se decide en el proceso de revisión de la normativa que se está realizando a nivel comunitario. "El Gobierno no va a hacer nada más que seguir la estructura de gestión de una especie que está en régimen de especial protección, y en esos términos es en los que nos vamos a mover. Somos un país miembro de la Unión Europea que suscribe la Directiva Hábitats, y no vamos a salirnos de ese espacio", manifestó.

Un contexto de presión

Esta postura confirma que, al menos a corto plazo, no habrá un cambio en la protección jurídica a nivel estatal, que actualmente prohíbe la caza deportiva del lobo al sur del Duero y la regula estrictamente al norte de ese río. La decisión llega en un contexto de presión por parte de algunos sectores, en especial los ganaderos, que piden una gestión más flexible para controlar las poblaciones, y de otros, principalmente los ecologistas, que defienden su protección integral.

En cuanto a la gestión del lobo que está realizando el Principado, que incluye la eliminación de ejemplares, Morán destacó que es competencia autonómica y "no obedece a una tutela por parte del Estado. Es la propia comunidad autónoma la que tiene que responder de su capacidad de gestión frente a los ciudadanos en el ámbito en el que tiene esas competencias", añadió.

Modelo descentralizado

Esta afirmación refuerza el modelo de gestión descentralizado, donde comunidades como Castilla y León, Cantabria, Galicia o Asturias disponen de margen para aplicar sus propios planes, siempre dentro del paraguas de la protección legal básica establecida por el Estado y la Unión Europea.