Cine Colón: la larga batalla por el "patrimonio emocional" de Cangas de Onís
La adquisición por 855.000 euros del emblemático inmueble por parte del Ayuntamiento, apoyada por PP y PSOE, se dilucida en los tribunales, tras varias denuncias y recursos presentados por Vox

El edificio del Cine Colón, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

La "guerra" en torno a la compra del Cine Colón de Cangas de Onís parecía haber escrito su último capítulo a finales de febrero, cuando una jueza de Oviedo desestimó el recurso de Vox contra la validación judicial de la operación y condenó a la formación al pago de las costas. Pero el conflicto que envuelve al emblemático edificio cangués sigue. Lo que según PSOE y PP debía ser la recuperación del "patrimonio emocional" del concejo se ha convertido en un laberinto de recursos, acusaciones cruzadas y una factura por los sucesivos juicios que ronda ya los 50.000 euros para las arcas municipales.
Todo comenzó el 30 de julio de 2024, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó con los votos de PP y PSOE y la oposición de Vox la adquisición del inmueble por 855.015 euros. Para el equipo de gobierno que lidera José Manuel González Castro (PP), la operación suponía la culminación de seis años de negociaciones y la recuperación de un espacio que había albergado durante décadas no solo cine, sino representaciones teatrales, mítines políticos y festivales escolares.
Vox gana la primera batalla
El único edil de Vox, Ángel Díaz Tejuca, no tardó en mover ficha. Anunció una ofensiva judicial "por tierra, mar y aire" contra lo que calificaba de "despilfarro" y operación "gravemente lesiva para el interés general". Sus argumentos: un precio inflado –frente a los 870.000 euros de la tasación municipal, Vox manejaba una valoración propia de 422.000 euros– y un procedimiento que consideraba irregular, con un preacuerdo verbal entre el Alcalde y los propietarios que, a su juicio, desnaturalizaba el proceso administrativo.
La primera batalla la ganó Vox. En julio de 2025, una jueza de Oviedo estimó el recurso y anuló la compra por la falta de un informe de la Consejería de Cultura. El Ayuntamiento optó por acatar el fallo y subsanar el error. Una decisión que, con el tiempo, se revelaría crucial.
Controversia jurídica
Aquí conviene detenerse en un matiz jurídico que se convertiría en el eje de toda la polémica posterior. La sentencia de julio declaraba la compra "no conforme a derecho". Vox interpretó que era una nulidad de pleno derecho –insubsanable, que obligaría a devolver el edificio a sus antiguos dueños y el dinero al Consistorio– y el equipo de gobierno una nulidad –un defecto formal que podría corregirse retrotrayendo el procedimiento al momento anterior al error–. En octubre de 2025, la misma magistrada aclaró el entuerto: no había declarado la nulidad radical y era suficiente la retroacción de actuaciones para resolver el problema: el Consistorio debía volver al momento previo a la comisión del error, solicitar el informe autonómico, incorporarlo al expediente y aprobar de nuevo la operación.
El Ayuntamiento siguió la directriz judicial al pie de la letra. El 31 de octubre, Patrimonio Cultural emitió un dictamen favorable a la compra y el Pleno del 27 de noviembre de 2025 dio luz verde definitiva a la adquisición. Vox no se dio por vencido y presentó un incidente de ejecución contra el nuevo acuerdo, insistiendo en la imposibilidad de convalidar un acto viciado y llegando a sugerir la existencia de indicios de delito –malversación y prevaricación– que, a su juicio, merecían ser trasladados a la Fiscalía.
Las alegaciones de Vox, descartadas
La controversia se complicaba, además, por un hecho que la formación consideraba capital: la compraventa se había materializado en escritura pública el 18 de septiembre de 2024, antes de que la sentencia ganara firmeza, lo que para Vox convertía el otorgamiento en "extemporáneo" y "radicalmente nulo". La respuesta de la magistrada no pudo ser más contundente. Rechazó punto por punto las alegaciones de Vox, descartó cualquier intención fraudulenta por parte del Ayuntamiento para eludir el cumplimiento de la sentencia, y subrayó que un incidente de esta naturaleza solo prospera si se acredita que el nuevo acto es contrario al fallo y, además, se ha dictado con ánimo de eludirlo, algo que no concurría en este caso.
Además, la jueza desestimó el argumento de la caducidad del expediente al tratarse de un procedimiento iniciado por la administración para adquirir un bien, en el que prima el interés general. Y, lo que es más importante, no apreció "la existencia de hecho delictivo alguno" contra lo que Vox había insinuado repetidamente.
La satisfacción del Alcalde
El Alcalde no ocultó su satisfacción durante el pleno celebrado tras conocerse el auto: "La justicia avala la actuación del Ayuntamiento", proclamó. Pero tuvo palabras de reproche para el concejal de Vox: "La discrepancia política es legítima, la crítica es sana, el control es necesario, pero convertir cada diferencia en un conflicto judicial permanente no fortalece la democracia; la tensiona", sentenció.
Vox mantiene su tesis de que la compra es nula de pleno derecho y ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). No es el único recurso de Vox pendiente de resolución.
La posición del PSOE
El PSOE local ha intentado navegar entre el apoyo a una operación que considera estratégica y las críticas a la gestión del equipo de gobierno. Su secretaria general, Vanesa González, ha denunciado que el proyecto del Cine Colón es "rehén de una gestión municipal deficiente y del oportunismo político de quienes solo buscan el conflicto", en una declaración que repartía responsabilidades entre la "torpeza de unos", PP, y el "populismo de otros", Vox.
Mientras los frentes judiciales se despejan, el Ayuntamiento mira hacia el futuro. El inmueble necesita una reforma integral, "rehabilitación verde" financiada con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística, con partidas iniciales por valor de 600.000 euros.
La "guerra" continúa
El Consistorio ha conseguido una prórroga de cuatro años para ejecutar las obras, lo que permitirá alargar los trabajos hasta el 31 de diciembre de 2029 sin riesgo de perder las subvenciones comprometidas por el retraso que están provocando las actuaciones judiciales. Pero todo indica la "guerra" del Cine Colón, que aún no ha escrito su último capítulo.
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