Ciudadanos alerta sobre el supuesto riesgo de perder fondos europeos para varias obras que se ejecutan en Arriondas

La única concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Parres, Emilia Esther de la Maza, ha denunciado presuntas irregularidades en la construcción de un área para autocaravanas y un aparcamiento disuasorio en Les Caseries y Pan de Aguilar, así como en las obras de peatonalización del centro de Arriondas. El alcalde, Emilio García Longo (PSOE), ha negado de forma rotunda todas las acusaciones, ha asegurado que los expedientes cuentan con todos los informes favorables preceptivos y ha tachado las denuncias de la edil de "desvarío permanente".

De la Maza sostiene que el equipo de gobierno podría haber incurrido en un fraccionamiento artificial de contratos para eludir controles y que los proyectos se basan en un plan de movilidad que nunca llegó a aprobarse.

Dos actuaciones en una parcela

El núcleo de la denuncia presentada por De la Maza se centra en dos actuaciones ejecutadas en una misma parcela municipal clasificada como suelo urbanizable. Según el escrito, el Ayuntamiento ha dividido la intervención en dos proyectos diferenciados: un área de autocaravanas de 49 plazas, financiada con fondos propios, y un aparcamiento disuasorio de 102 plazas, con cargo a los fondos NextGenerationEU.

La concejala sostiene que esta separación responde a un intento de esquivar la evaluación de impacto ambiental que requeriría una actuación conjunta. La denuncia se apoya en un informe de la arquitecta municipal, fechado el 30 de octubre de 2025, que advierte de que la parcela carece de la ordenación detallada necesaria para acoger obras de esta naturaleza, al estar pendiente de un plan especial.

Sin deslinde previo

A esto se suma, según la documentación aportada por Ciudadanos, la inexistencia de un deslinde previo de la parcela, pese a un informe del técnico de Administración General de junio de 2025 que recomendaba realizarlo ante las reclamaciones de propietarios colindantes. Las obras, no obstante, se iniciaron un mes después.

La representante de Cs también advierte de que el proyecto financiado con fondos europeos podría vulnerar el principio de "no causar un perjuicio significativo al medio ambiente" (DNSH) que exige la UE, al eliminar la vegetación y carecer de medidas de renaturalización.

Un "estudio ilustrado"

Otro de los frentes abiertos por la concejala afecta a la peatonalización de la plaza Venancio Pando y calles adyacentes, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023. De la Maza sostiene que estas obras carecen de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el Pleno, un requisito que, aunque no es obligatorio en municipios de menos de 30.000 habitantes, se vuelve esencial cuando se justifica una inversión ante la UE, según afirma.

El equipo de gobierno habría recurrido a un "estudio ilustrado" encargado a una empresa privada, sin tramitación ni exposición pública, para justificar las obras, señala la concejala. "¿Cómo es posible que lo que usted llamó Plan de Movilidad Sostenible de Arriondas, sin validez jurídica alguna, desconocido por el pleno y por los vecinos, sea la base para ejecutar obras millonarias que cambiarán de forma permanente el urbanismo de nuestro municipio?", pregunta la edil al alcalde en el escrito que llevará al próximo pleno.

"Ingeniería de umbrales"

La denuncia también apunta al procedimiento de contratación. De la Maza aporta el acta de una comisión de seguimiento en la que el alcalde solicita reajustar partidas para situar el presupuesto del aparcamiento por debajo de los 500.000 euros, un umbral que, de superarse, habría exigido controles más rigurosos.

Esta "ingeniería de umbrales", unida al hecho de que una de las partidas tuviera una contribución climática del 0% y se compensaría con otras, apunta, según la edil, a un intento de maquillar el cumplimiento de los objetivos ambientales del fondo europeo. Ciudadanos advierte de que si estos hechos llegaran a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el proyecto podría paralizarse y exigirse la devolución íntegra de la subvención.

El Alcalde, contundente

El alcalde, Emilio García Longo, ha respondido con contundencia a las acusaciones. Asegura que "todas esas obras se están ejecutando con todos los expedientes de contratación conclusos y con todos los informes técnicos que fueron necesarios".

Respecto al posible fraccionamiento de contratos, ha sido tajante: "La ley de contratos del sector público dice lo que dice, el fraccionamiento de contratos es evidentemente una irregularidad", pero mantiene que en este caso no lo ha habido. Y ha añadido que, de haberse producido, el secretario municipal, el interventor o el jurídico lo habrían hecho constar en sus informes. "Cómo no lo van a advertir", ha remachado.

"Solo ella ve ilegalidades en todos lados"

Para ilustrar su postura, ha puesto como ejemplo que una actuación de señalización de rutas cicloturistas y la peatonalización de la plaza tienen "objetos de contrato totalmente distintos. Unas son de obra, otras son de suministro, no tienen nada que ver", defendiendo que, aunque todas formen parte de un mismo paquete de financiación europea, su ejecución separada responde a su propia naturaleza y no a una maniobra para esquivar la ley.

García Longo ha deslizado una crítica al sugerir que la edil de Cs antepone sus intereses políticos a los de los vecinos. "Es curioso que solo sea ella la que ve ilegalidades en todos lados", ha ironizado, y ha calificado las acusaciones de "desvarío permanente".

Perplejidad ante las denuncias

El regidor socialista ha mostrado su perplejidad ante las denuncias, que considera consecuencia de una "frustración" política, y ha insistido en que su equipo continuará trabajando para finalizar los proyectos en marcha, convencido de que la polémica carece de fundamento jurídico. Ha lamentado que haya quienes "quieran que al Gobierno le vaya mal" para que, en consecuencia, "a los ciudadanos les vaya también mal".

Mientras tanto, la concejala de Ciudadanos ha solicitado a la CUOTA la suspensión inmediata de las obras y ha registrado una moción para el próximo pleno en la que pide que la secretaria municipal y la arquitecta titular elaboren informes de legalidad sobre todo el proceso. La propuesta incluye que se deje constancia en acta de que los miembros del equipo de gobierno han sido advertidos de las posibles responsabilidades legales en caso de votar en contra de la fiscalización. "La urgencia no autoriza la ilegalidad", sentencia el texto.

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