Denuncia ante la Fiscalía del PP por el incumplimiento de la jornada laboral en el Ayuntamiento: los empleados municipales trabajan menos horas de las que marca la ley

El Grupo Municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Colunga ha denunciado ante la Fiscalía del Principado de Asturias una serie de hechos que podrían ser constitutivos "de un presunto delito contra la Administración Pública". En su opinión, los empleados municipales podrían estar trabajando cinco horas menos a la semana de las que marca la ley.

Los concejales del PP han trasladado al Ministerio Fiscal su "preocupación" por la situación de la jornada laboral del personal municipal, que, según recogen en su escrito, estaría fijada en 6,5 horas diarias (de 8:00 a 14:30 horas), lo que supone un total de 32,5 horas semanales. Este horario, tal como señalan, habría sido confirmado en reiteradas ocasiones por el propio alcalde, José Ángel Toyos (Foro), en sede plenaria.

Sin mecanismos de control horario

El PP colungués advierte de que esta jornada se situaría por debajo de la establecida legalmente para los empleados públicos, fijada en 37,5 horas semanales en el conjunto de la Administración. Asimismo, señala "la inexistencia de mecanismos de control horario en el Ayuntamiento, pese a la obligación legal de registrar la jornada laboral como garantía de cumplimiento efectivo del tiempo de trabajo".

En su escrito, los concejales populares también ponen de relieve la "ausencia de un acuerdo regulador vigente que establezca las condiciones laborales del personal municipal", ya que el último documento conocido data de 1995 y, según indican, "ni siquiera consta su publicación oficial".

Perjuicio a las arcas públicas

Desde el punto de vista económico, los populares subrayan que esta situación podría estar generando "un perjuicio para las arcas públicas". Según sus estimaciones, la diferencia entre la jornada legalmente exigible y la efectivamente realizada supondría "una reducción aproximada del 13% del tiempo de trabajo, lo que, aplicado a un capítulo de personal cercano a los dos millones de euros anuales, podría tener un impacto relevante en el uso de fondos públicos".

Ante estos hechos, el Grupo Popular ha solicitado a la Fiscalía que analice la situación y determine "si pudiera existir algún tipo de responsabilidad, incoando en su caso las correspondientes diligencias de investigación".

Los ediles del Partido Popular de Colunga defienden que esta iniciativa responde "a su compromiso con la legalidad, la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos", y subrayan "la necesidad de garantizar que todas las administraciones actúan con arreglo a la normativa vigente y en defensa del interés general".

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