La prohibición del tren a los Lagos llega a los tribunales: los jueces admiten a trámite dos recursos contenciosos del Ayuntamiento de Cangas de Onís

El conflicto en torno al proyecto para construir un tren de cremallera a los lagos de Covadonga se resolverá en los tribunales. Los jueces han admitido a trámite los dos recursos contenciosos presentados hasta ahora por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, en Asturias y en Castilla y León, contra el proyecto del plan rector de uso y gestión (PRUG) del parque nacional de los Picos de Europa por prohibir esa infraestructura, según figura en los documentos judiciales a los que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Y aún presentará un tercer recurso en Cantabria, una vez que el Gobierno de esa comunidad publique la aprobación del documento.

Dos tribunales superiores de justicia, el del Principado de Asturias y el de Castilla y León, han dicho sí a las pretensiones del gobierno cangués, que encabeza José Manuel González Castro (PP). El Consistorio impugna específicamente la inclusión de la "prohibición expresa" de construir un tren de cremallera que conecte Covadonga con el entorno de los Lagos. Ambos tribunales han considerado que los argumentos municipales merecen ser examinados en el fondo.

Posible vicio de procedimiento

González Castro explicó ayer que el conflicto arranca de un posible vicio de procedimiento. Durante la fase de alegaciones del PRUG, el documento inicial no contenía la prohibición del tren. "Nosotros presentamos muchas alegaciones, unas cuarenta, muchas de ellas estimadas, pero no presentamos alegación a favor del tren cremallera porque no estaba prohibido expresamente en el documento", relata.

La sorpresa llegó después: "Cuando se resuelven todas las alegaciones, el plan que se lleva para aprobar en el patronato del parque nacional viene con la prohibición expresa". El de Cangas fue el único Ayuntamiento que votó en contra del PRUG en el Patronato, junto a los representantes ecologistas. Esa secuencia es la base del primer y más relevante argumento jurídico del recurso: la "indefensión manifiesta". Al no figurar la prohibición en el texto sometido a información pública, el Ayuntamiento no pudo presentar alegaciones en contra. El segundo argumento califica la decisión de "arbitraria", al introducir un cambio sustancial sin el debido contraste con los agentes implicados.

Contra la normativa europea

Pero hay una tercera pata que trasciende lo puramente procedimental: el Ayuntamiento sostiene que la prohibición expresa del tren cremallera es contraria a la normativa europea en materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, que promueve la reducción del tráfico contaminante en espacios naturales protegidos.

El alcalde detalla el razonamiento: "El actual plan de transporte a los lagos de Covadonga con autobuses es la solución a corto plazo, eso no lo discutimos, pero el futuro del parque nacional no pueden ser 40 autobuses subiendo y bajando por la carretera de los Lagos en un espacio de máxima protección medioambiental".

Tráfico masivo

El tren cremallera, en su opinión, permitiría cerrar la carretera a los turistas y reservarla para taxistas y ganaderos, que en la actualidad sufren las molestias del tráfico masivo. "Los ganaderos tienen problemas para subir con sus camiones y tractores a causa de los autobuses del plan de transporte, los autobuses discrecionales. Esos autobuses perjudican el trabajo diario de los verdaderos valedores del espacio protegido, que son los pastores y los elaboradores de queso de Gamonéu", añade.

El origen de la prohibición, según relata el regidor, se encuentra en dos alegaciones presentadas por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y la Fundación Oso Pardo, que fueron estimadas e incorporadas al texto definitivo. Lo que el Ayuntamiento cuestiona no es el derecho de estas entidades a proponer vetos, sino que la Administración aceptara un cambio de gran calado sin reabrir el trámite de alegaciones. "Eso es lo que no entendemos, que lo hayan introducido y que le hayan dado de paso jurídicamente cuando nos deja en un estado de indefensión manifiesta", indica González Castro.

Gobiernos de distinto signo

El PRUG recibió luz verde inicialmente en el patronato del Parque, ya se ha publicado en los boletines oficiales de dos de las tres comunidades que aportan terrenos al espacio protegido. Castilla y León lo hizo el 15 de diciembre; Asturias, hace unos días. El Ayuntamiento decidió recurrir en ambas aprobaciones por consejo de sus servicios jurídicos: "Ante la duda, recurriremos las tres aprobaciones, también la de Cantabria cuando corresponda". Ambos recursos han sido admitidos, y los tribunales han requerido ya a las respectivas consejerías la remisión completa de los expedientes administrativos en formato electrónico, según consta en los documentos judiciales.

El alcalde cangués destaca que los recursos se dirigen contra administraciones de distinto signo político. "Estamos yendo contra dos gobiernos del PP (los de Cantabria y Castilla y León) y contra un gobierno del PSOE e IU (el de Asturias)", resalta. Y defiende su decisión con contundencia: "A mí me pagan por defender los intereses de mis vecinos. Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para defender los intereses de Cangas de Onís, y entre ellos está la construcción del tren cremallera", concluye.

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