"Estamos viviendo un infierno, ya no podemos más", claman los residentes de un edificio de Nueva de Llanes con dos viviendas sociales ocupadas ilegalmente

"Estamos viviendo un infierno", claman los vecinos del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Nueva de Llanes, reconvertido en edificio de viviendas sociales y propiedad de Vipasa, empresa adscrita a la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. La situación ha llegado a un punto límite: lo que comenzó como la ocupación ilegal de dos viviendas sociales se ha transformado en un caldo de cultivo para el miedo. Los actos vandálicos y las amenazas que mantienen en vilo a toda la comunidad y a todo el pueblo. Cerca de un centenar de vecinos de Nueva se concentraron esta mañana ante el Ayuntamiento de Llanes para exigir soluciones a un conflicto enquistado que, advierten, acabará en tragedia si las administraciones no actúan de forma contundente.

El edificio de la polémica, gestionado por la empresa pública Vipasa, tiene siete viviendas sociales, de las cuales dos están ocupadas ilegalmente y son utilizadas como pisos de tránsito por personas que van y vienen sin control alguno. A este foco de inestabilidad se suma otra familia con un largo historial de problemas, que reside en régimen de alquiler y a la que los vecinos señalan como la principal fuente de terror en el pueblo.

"Están sembrando el pánico"

"Están sembrando el pánico ya no solo en el vecindario, con amenazas de muerte, también en el pueblo", relata Margarita Puertas, residente del bloque y una de las más afectadas. Sus declaraciones, cargadas de desesperación, retratan una realidad cotidiana insostenible: "Mi hijo y yo a las once de la noche tuvimos que entrar en casa con la Policía. Creo que no hay derecho a que nos hagan esto. Estoy pagando una renta digna y llevamos años sufriendo está situación. Yo ya no puedo más, ya no tengo fuerzas". El suyo es un grito de auxilio, pero también de impotencia y desesperación.

Rocío Bueres explica cómo la convivencia normal es hoy una quimera. "Cuándo llegas a tu casa no sabes qué va a pasar, qué vas a encontrar", confiesa. Ha tenido que instalar un sistema de alarma ante la impotencia de sentirse desprotegida en su propio domicilio. La rutina diaria se ha convertido para ella y los demás vecinos en una prueba de resistencia: salir a trabajar con los nervios a flor de piel, pasar el día pendiente del teléfono por si ha ocurrido algún incidente y volver a casa con la incertidumbre de qué se encontrarán en el portal. Música alta, faltas de respeto y una tensión constante son el pan de cada día en el edificio.

El relato de los residentes es tremendo: se ha registrado invasión de propiedades públicas y privadas (una finca), los ocupantes de las viviendas en litigio tienen la luz enganchada a otros vecinos y de nada ha servido poner grandes candados en los cuadros eléctricos: "Los han destrozado". Los actos vandálicos se suceden. Los afectados lamentan que no se haya hecho "absolutamente nada" para remediar esta situación desde la última concentración de protesta, el pasado mes de diciembre. "¿Es que nosotros no tenemos derechos?", se preguntan.

Una "causa justa"

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, presente en la concentración, no duda en calificar la protesta como una "causa justa" y trasladó su solidaridad a los vecinos. Hizo un llamamiento a las administraciones estatal y autonómica para que "replanteen" las normativas que favorecen a los "okupas" e impiden su desalojo. "La Guardia Civil y la Policía Local tienen las manos atadas", denuncia.

"Hay mucha gente que se ampara de ciertas leyes que los legisladores, ciertos legisladores aprueban; esos que levantan la mano, a veces con demasiada rapidez, sin darse cuenta de que muchas veces detrás hay ciudadanos que sufren las consecuencias", sentencia Riestra.

"Pisos de tránsito"

Lucio Carriles, alcalde de barrio de Nueva, abunda en la paradoja jurídica que exaspera a los residentes: "Son viviendas que están ocupadas ilegalmente, en las que se va alternando gente que va llegando, es como si fueran pisos de tránsito". Carriles exige a Vipasa y al Principado de Asturias una vigilancia más activa y efectiva.

"Yo no puedo más. Y los demás tampoco. Porque va a pasar una desgracia y lo sé", advierte Margarita Puertas. Su testimonio final, escalofriante, no deja lugar a dudas sobre la gravedad de lo que se vive en el inmueble: "Te está diciendo todos los días, que te va a matar. Y tiene armas. A mi hijo ya le tiró con una escopeta perdigones".

La reacción de Vipasa

La reacción de Vipasa, propietaria del edificio, a la protesta ha sido inmediata: solo unos minutos después de que finalizara la protesta. La gerente de la entidad, Marta Pulgar, asegura que actuó "con diligencia, celeridad y pleno respeto a la legalidad" desde el momento en que tuvo conocimiento de las ocupaciones ilegales en Nueva y "sin dejar de ejercer nunca sus responsabilidades".

"Vipasa ha seguido el procedimiento legal oportuno en ambos casos, que es la vía penal, por lo que presentó las correspondientes denuncias por usurpación y continuó con todos los trámites procesales previstos. Al tratarse de un proceso garantista, la evolución de los expedientes está sujeta a los tiempos y actuaciones judiciales", apunta Pulgar, que subraya que Vipasa "nunca hizo dejación de funciones y que actuó desde el inicio para recuperar la posesión de las viviendas con el objetivo prioritario de reincorporarlas cuanto antes al parque público y destinarlas nuevamente al alquiler social".

Denuncia por usurpación

"En uno de los casos, la respuesta se inició inmediatamente después de que se tuviera conocimiento de la ocupación ilegal de un inmueble que contaba con contrato en vigor, una vez constatada la renuncia del adjudicatario. Una vez presentada la denuncia por usurpación, el proceso está pendiente de nuevas actuaciones judiciales, tras haberse ordenado identificar a los ocupantes", destaca Pulgar.

"En el segundo caso, Vipasa actuó también de forma inmediata, primero mediante un requerimiento de desalojo y después con una denuncia penal. Estas medidas derivaron en una sentencia condenatoria contra los ocupantes ilegales, si bien la presentación de un recurso de apelación mantiene el asunto pendiente de resolución judicial definitiva", añade la gerente.

A la espera de actuaciones del juzgado

En ambos expedientes, la empresa pública asegura que está "a la espera de nuevas actuaciones del juzgado y seguirá impulsando todas las vías legales disponibles para recuperar la posesión de las viviendas, sin dejar de ejercer nunca sus responsabilidades. Somos los primeros interesados en recuperar estas viviendas para ponerlas de nuevo al servicio del alquiler social”, ha señalado Marta Pulgar.

La gerente ha indicado además que, de forma paralela a las actuaciones judiciales, Vipasa ha reforzado las medidas preventivas para evitar nuevas ocupaciones en el parque público. Entre ellas, ha instalado "sistemas de alarma en pisos vacíos", ha intensificado "el seguimiento e inspección de inmuebles desocupados", ha reforzado "los protocolos internos de detección temprana y respuesta inmediata ante posibles incidencias" y mantiene "la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con el Ayuntamiento de Llanes para facilitar una actuación rápida ante cualquier intento de ocupación".

Medidas de protección física

Asimismo, afirma que está revisando "las medidas de protección física de los inmuebles vacantes y los procedimientos de control sobre aquellos pendientes de adjudicación o incorporación de nuevos inquilinos para reducir situaciones de vulnerabilidad y preservar el correcto uso del parque público de vivienda social. Además de actuar para recuperar las viviendas ocupadas, estamos trabajando para prevenir que estas situaciones vuelvan a producirse. Proteger el parque público y garantizar su destino social es una prioridad", ha finalizado Pulgar.

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