Denuncian la apropiación de un camino público en Sotu Deu con la connivencia del Ayuntamiento de Parres

Los vecinos de Sotu Deu (Parres) aseguran que han perdido el único acceso público que les quedaba para llegar al río Sella con la connivencia del equipo de gobierno. Según el relato de la asociación de vecinos y propietarios de la localidad, recién constituida, un histórico camino empedrado, de uso continuado hasta este año y consolidado por la concentración parcelaria de 1991, ha sido cerrado por un particular que obtuvo la autorización municipal gracias a una solicitud tramitada como una simple obra menor y con la firma de una concejala pariente suya.

El alcalde, Emilio García Longo, aseguró ayer que el equipo de gobierno que intenta recuperar el terreno, pero respetando los cauces legales y los procedimientos que marcan los técnicos municipales. "El Ayuntamiento no está haciendo otra cosa que seguir el criterio de los servicios jurídicos municipales, del jurídico y del secretario municipal", señaló el Alcalde, que admite que hubo "un error" al conceder la licencia, debido a que en el catastro no aparece el camino, por lo que un técnico municipal informó favorablemente. Posteriormente, se comprobó que el camino sí aparece en la documentación de la concentración parcelaria realizada en 1991, por lo que el Ayuntamiento inició los trámites para recuperar el camino.

La historia de lo que los vecinos de Sotu Deu califican de presunto despojo, comenzó en enero de este año. El particular solicitó el cierre de un metro de ancho por 1,20 de alto. En la documentación presentada, afirman, se omitió que ese cierre implicaba "bloquear por completo el paso al camino".

"La edil estaba informada"

La autorización lleva la firma de una concejala del equipo de gobierno, que, según la asociación, había sido informada dos meses antes por la arquitecta municipal de la condición pública del camino. Pese a ello, dio luz verde a la petición de su pariente. Los vecinos dicen que el Ayuntamiento no informó sobre la autorización y que el propietario esperó los treinta días preceptivos para ejecutarlo sin que mediara recurso y acometió las obras. Al verlas, los vecinos denunciaron la situación ante el Consistorio y solicitaron información a Medio Rural.

Desde entonces, la situación no ha cambiado. Tres informes sucesivos de Infraestructuras Agrarias certifican la condición pública del camino, pero el equipo de gobierno, según los vecinos, sigue respaldando la autorización inicial, amparándose en un informe propio que, según los afectados, "disculpa las irregularidades del procedimiento, obvia el parentesco entre la concejala y el solicitante, y no considera el perjuicio causado a la comunidad".

Alegaciones

La interpretación de los vecinos es que las autoridades municipales pretenden derivar el conflicto a un tribunal civil, lo que desatendería la obligación del Consistorio de defender los bienes públicos. Han presentado varias alegaciones fundadas en la posesión notoria del camino y en el presunto despojo de un uso probado a lo largo del tiempo y reclaman al Ayuntamiento que emplee las herramientas legales de recuperación de oficio que, según apuntan, la jurisprudencia reconoce a los municipios cuando la titularidad pública es evidente y el perjuicio, patente.

Entretanto, según denuncia la asociación, en la zona en litigio se han realizado otras obras "sin licencia municipal ni comunicación a la Confederación: se ha demolido el muro que separaba el camino de su propiedad, se han trasladado las piedras para bloquear el paso y se ha extendido tierra del talud sobre el empedrado, como si tratara de borrar del paisaje la misma huella del vial".

Suscríbete para seguir leyendo