El alcalde de Parres ordena investigar si el camino cerrado en Sotu Deu es público y anula la licencia que concedió una concejala familiar del propietario

El Ayuntamiento de Parres ha abierto una investigación para determinar si el paso peatonal al río Sella cerrado en Sotu Deu es un bien de dominio público, como defienden varios vecinos, o si es privado, como sostiene el propietario de la finca por la que discurre. Al mismo tiempo, el alcalde, Emilio García Longo (PSOE), ha anulado inicialmente la aprobación de la licencia que permitió el cierre del camino, al haberla resuelto una concejala que es prima del propietario, y concede un trámite de audiencia de diez días para que los interesados aleguen sobre este asunto.

La resolución estima inicialmente el recurso de reposición presentado por Gonzalo Barrena Díez en representación de varios vecinos y de la Asociación de Vecinos y Propietarios de Sotu Deu, al concluir que la concejala de Urbanismo que otorgó la licencia incurría en causa de abstención.

El Alcalde admite un "error"

Un grupo de vecinos denunciaron que el particular cerró un camino empedrado de uso continuado que consideran público, un acceso histórico al río Sella, y que la autorización municipal se tramitó como una simple obra menor y fue rubricada por la edil que es familiar del solicitante. La asociación relata que la edil había sido informada dos meses antes por la arquitecta municipal del carácter público de la vía, pero que, pese a ello, dio luz verde a la petición de su pariente.

El Alcalde, que ya reconoció hace unos días que hubo "un error" al conceder la licencia, retrotrae las actuaciones al momento de resolver el procedimiento de concesión de la licencia, que a partir de ahora deberá resolver él mismo. Más allá de la anulación de la licencia, el Ayuntamiento ha decidido dar un paso de calado al incoar de oficio un procedimiento de investigación para determinar la naturaleza jurídica del camino, al existir "dudas razonables" sobre si se trata de un bien demanial. De confirmarse esta condición, el terreno sería considerado "inalienable, inembargable e imprescriptible", una categoría legal reservada a los bienes de titularidad pública destinados al uso general.

Informes de Medio Rural

Esta decisión del gobierno local, avalada por un informe del secretario general del Ayuntamiento, se produce después de la denuncia vecinal sobre la presunta apropiación del camino. La asociación ha presentado varias alegaciones fundadas en la posesión notoria de la vía y en el presunto despojo, criticando que la tramitación municipal ha obviado el parentesco entre la edil y el solicitante.

Los vecinos, que esgrimen tres informes de la Consejería de Medio Rural que sostienen que les dan la razón, aseguran que, pese a la "indignación general", mantienen un comportamiento "ejemplar" e "intachable". Niegan tajantemente que se haya acosado al propietario o que haya inquina; al contrario: "Desde el principio, todos hemos tendido la mano a los nuevos vecinos y, con seguridad, se la tenderemos de nuevo cuando se restablezca la justicia".

Los argumentos del propietario

Por su parte, el propietario de la finca, Xuan Carlos Fernández García, y su abogada, Laura López Varona, rechazan de plano la acusación de apropiación de un camino público. Niegan la existencia de ese supuesto acceso, esgrimiendo que ni su escritura de propiedad ni los datos del Catastro reflejan un paso público justo delante de su vivienda. Tampoco figura en el inventario municipal de patrimonio inmobiliario.

La letrada profundiza en esta línea al subrayar que en la descripción literal del título de propiedad "no consta tal camino, ni que la finca tenga una carga constituida como servidumbre de paso del camino al río Sella, ni se refiere tal camino en ninguno de los linderos". La letrada advierte además que el Registro de la Propiedad está "bajo la salvaguardia de los tribunales".

La abogada del dueño del terreno considera que pretender dividir la propiedad con un camino contradice la propia esencia de la concentración parcelaria, realizada en 1991. Porque la concentración parcelaria es "un proceso de reordenación de la propiedad rústica que busca agrupar parcelas pequeñas contiguas en fincas más grandes". Por ello, la abogada sostiene que es "falso" que se haya pretendido esa división y que la parcela afectada "no puede quedar estrangulada ni dividida en dos por un camino".