Llanes, la herida que abrió el urbanismo: análisis de los 36 años de guerra política que acumula el concejo más turístico de Asturias

El sonido de las sillas arrastrándose en el suelo. Una puerta que se abre. Unos concejales que abandonan la sala. Y la puerta que vuelve a cerrarse. Este jueves, los concejales del Grupo Socialista de Llanes se levantaron de sus asientos y abandonaron el salón de plenos mientras el alcalde, Enrique Riestra, pronunciaba un durísimo discurso contra su gestión pasada. Minutos antes, Xuan Valladares, formalizaba su dimisión como concejal tras reconocer un "error técnico" en el acceso a documentación custodiada y se marchaba también de la sala, no sin antes calificar al PSOE de "mafia", "casta corrupta" y "empresa de colocación". La secuencia, de una tensión irritante, constituyó el último capítulo de una guerra política que desgarra el concejo desde hace 36 años y cuyo detonante fue el urbanismo.

El estallido llegó en 1990, año en el que la convivencia se quebró en Llanes. El gobierno socialista, que gobernaba con mayoría absoluta, presentó su propuesta urbanística. Lo que para el PSOE representaba un motor de progreso, una herramienta para modernizar el concejo y generar vivienda y actividad económica, fue interpretado por un sector de la población, entonces minoritario, como una amenaza directa al paisaje, al paisanaje, al futuro del concejo y a la limpieza en la gestión de lo público.

"Marbellanes"

Los socialistas planteaban la construcción de decenas de miles de viviendas, buena parte de ellas en el continuo urbanizable costero desde la villa de Llanes hasta Barru y desde la carretera AS-379 hasta 100 metros de la costa. Había más viviendas previstas en los suelos urbanos. Más aún en los pueblos. Y todavía más en 13 convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento con los accionistas de un entramado de sociedades creadas con capitales mínimos que compraron a bajo precio terrenos rústicos recalificados solo seis meses después a urbanizables. Los contrarios a aquella propuesta alertaron sobre un futuro "Marbellanes".

En ese caldo de cultivo, en octubre de 1990, nació la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), una plataforma ciudadana que articuló el malestar de una parte de la sociedad y lo tradujo en oposición frontal al plan urbanístico. A partir de ese instante, la sociedad quedó partida en dos. De un lado, quienes veían en los proyectos urbanísticos del PSOE una oportunidad legítima de desarrollo. Del otro, quienes denunciaban una deriva de "corrupción, amiguismo y favoritismo". La política local pasó a convertirse en un conflicto de identidad sobre qué modelo de concejo se deseaba.

Fractura civil

Aquella fractura civil es el sustrato sobre el que se han ido acumulando las sucesivas crisis. Durante los 28 años de hegemonía socialista, la conflictividad urbanística no dejó de crecer y encontró en los tribunales un eco inédito: los tres planeamientos aprobados en el municipio fueron anulados. El motivo de la última nulidad, en 2011, fue que se introdujeron cambios sustanciales tras el periodo de exposición pública, lo que para los recurrentes era la prueba de una forma de gobernar que ocultaba a los vecinos lo que se maquinaba a sus espaldas. Llanes se quedó sin plan urbanístico propio, una situación única en España, que se ha prolongado hasta hoy. En medio de todo ello, los desencuentros, los enfrentamientos, las acusaciones, las denuncias y las condenas han presidido la relación política en el concejo. Y los plenos son fiel reflejo de esas batallas.

El año 2015 supuso un vuelco. Unos meses antes de las elecciones, un grupo de personas, muchas de ellas vinculados al activismo vecinal, constituyó la formación Vecinos por Llanes (VxLl). Su irrupción fragmentó un voto que durante décadas había sido abrumadoramente socialista. El PSOE perdió la mayoría absoluta y un pacto a cuatro bandas –Foro, VxLl, PP e IU– llevó a la alcaldía a Enrique Riestra. El mensaje de regeneración y la promesa de un urbanismo alejado de los pelotazos calaron en una parte del electorado, pero no cicatrizaron la herida.

Obstáculos y acusaciones

El nuevo gobierno desechó el Plan General que estaba tramitando el PSOE e inicio la redacción de otro más comedido. Once años después, el documento está en su fase decisiva, tras un camino sembrado de obstáculos y acusaciones cruzadas. El pasado mes de diciembre, el pleno aprobó provisionalmente el nuevo PGO con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención del PSOE, que lo tachó de "incoherente, restrictivo y asfixiante para los vecinos". El plan prevé 5.862 nuevas viviendas, una cifra que los socialistas juzgan escasa y que está muy alejada de las 15.000 que ellos proponían y que el actual gobierno considera ejemplo del desarrollismo que combate.

En este punto, el debate vuelve a centrarse en el modelo de desarrollo, pero también en las responsabilidades de la parálisis. La versión de cada parte está perfectamente delineada. El ejecutivo de Enrique Riestra sostiene que la tardanza en obtener la aprobación definitiva del Plan General responde al bloqueo del Gobierno del Principado, en manos del PSOE. Una estrategia, afirman, que busca presentar como un fracaso la gestión del gobierno local. El PSOE, por su lado, atribuye los retrasos a la mala gestión municipal, que obligó a repetir la aprobación inicial, y acusa al gobierno de Riestra de mentir a los vecinos sobre un bloqueo que no existe.

Inacción o herencia

Mientras, la crisis de vivienda se ha convertido en el nuevo ariete político. El PSOE acusa al gobierno de una década de inacción en materia de construcción de vivienda pública, y VxLl y PP replican que el problema es herencia directa de la etapa socialista, de la falta de Plan General y del monumental atasco de la Reserva Regional del Suelo de Poo, que lleva dos décadas sin despegar, pese a la firma y el compromiso del Gobierno del Principado. De nuevo, dos maneras de leer la realidad que anulan cualquier posibilidad de acuerdo.

El episodio del pleno del pasado jueves no es, por tanto, una tormenta aislada. Es la manifestación más reciente de una dinámica enquistada en la que el lenguaje ha ido perdiendo los límites. Cuando desde el gobierno se acusa a la oposición de haber propiciado la especulación y la corrupción mientras gobernaba, y desde la oposición se acusa al gobierno de intentar tapar el "escándalo Valladares", el diálogo queda reducido a una colección de invectivas, salpicadas de acusaciones e insultos.

El futuro inmediato del urbanismo llanisco depende del Gobierno del Principado primero y de la CUOTA después. Cualquier decisión será leída en clave política por ambos bandos. Porque 36 años después, las dos mitades del concejo siguen en pleitos. Y, a juzgar por las escenas del último pleno, no parece posible un alto el fuego.

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