Parres decide este jueves si inicia una investigación sobre la titularidad de un camino que enfrenta a vecinos y propietario en Sotu Deu

El conflicto por un supuesto camino público que da acceso al río Sella en la localidad de Sotu Deu (Parres) vivirá este jueves un nuevo capítulo. El pleno del Ayuntamiento someterá a votación una proposición que, si sale adelante, iniciaría un expediente de investigación para determinar si ese camino es de titularidad pública o, por el contrario, pertenece al dueño de la finca por la que discurre. La propuesta incluye además la suspensión inmediata de la licencia de obras que permitió cerrar el paso, un documento que fue firmado por una concejala que es prima carnal del beneficiario.

El origen del litigio se remonta a la concentración parcelaria de Aballe-Deu, aprobada en 1991. Los planos de aquel proceso reflejan un camino público que atraviesa la finca de reemplazo número 30 del polígono 1, separándola en dos partes sin formar parte de ella, según ha ratificado en tres informes el Servicio de Infraestructuras Agrarias del Principado, que se ha pronunciado sobre la naturaleza pública del vial. Los vecinos de Sotu Deu sostienen que ese camino ha sido usado desde tiempo inmemorial para acceder al río Sella, una posesión que, a su juicio, nunca fue interrumpida hasta hace aproximadamente cuatro meses, cuando el propietario de la finca procedió a cerrar el paso.

Un expediente de 2023

La posición contraria la defiende el dueño de la parcela, Xuan Carlos Fernández García, quien mantiene que no existe ningún camino público ni servidumbre de paso. Su abogada, Laura López Varona, sostiene que la concentración parcelaria de 1991 ya reordenó la propiedad rústica agrupando pequeñas parcelas en fincas de mayores dimensiones, y que en ese proceso desaparecieron también al menos otros dos caminos, que también aparecen en el plano esgrimido por los vecinos e informado por el Principado.

Añade que un expediente de reanudación del tracto sucesivo tramitado en 2023 vino a reafirmar que no hay vial público alguno en la finca. Ese expediente, según certificó el secretario del Ayuntamiento, permaneció expuesto durante un mes tanto en el tablón de anuncios físico como en la página web municipal, sin que se presentara ninguna alegación. Así que no hay camino público ni servidumbre, según la letrada.

Inspección urbanística

Otro nudo del conflicto se encuentra ahora en una licencia de obras que el propietario obtuvo para actuar sobre el terreno. Según las actas de inspección urbanística y las alegaciones vecinales, las obras consisten en la demolición de muros tradicionales, movimiento de tierras y eliminación del empedrado del camino. Los vecinos denuncian que estas actuaciones buscan "borrar" la orografía física del vial para eliminar las pruebas de su carácter demanial. La propuesta que se llevará a pleno alerta de que, de no adoptarse un acuerdo inmediato, la recuperación posterior del camino a su estado original sería de "extrema dificultad técnica y elevado coste económico".

El elemento que añade una capa adicional de complejidad al asunto es la identidad de la concejala que firmó la licencia. Según el expediente, se trata de una prima carnal del beneficiario, un parentesco que constituía un motivo de abstención que no fue ejercido en su momento. La representación legal del propietario matiza, sin embargo, que este vínculo no implica necesariamente la nulidad del acto administrativo. López Varona sostiene que la anulación solo procede cuando la firma del pariente resulta determinante, y en este caso la concejala se limitó a dar curso a un informe favorable emitido previamente por el arquitecto técnico.

Reapertura inmediata del paso

El abogado de la Asociación Vecinal de Sotu Deu, Víctor Martín, ha recordado que la ley otorga a la Administración la prerrogativa de recuperar de oficio la posesión de sus bienes demaniales sin necesidad de acudir a los tribunales civiles, incluso si el camino no consta inscrito en el Registro de la Propiedad. La asociación vecinal ha mostrado su respaldo a la proposición municipal, pero condicionado a que el acuerdo incluya la reapertura inmediata del paso como medida cautelar, y no al término del procedimiento de investigación, que podría demorarse semanas o meses. Los vecinos esperan que el propio Ayuntamiento ejecute de forma subsidiaria las acciones destinadas a recuperar el camino si quienes lo cerraron desoyen la orden.

La proposición que se debatirá este jueves, incluida por vía de urgencia en el orden del día del Pleno, contempla no solo la incoación del expediente de investigación y la suspensión de la licencia, sino también un trámite de información pública de un mes, un período probatorio de quince días y la notificación personal a los afectados identificables. El resultado de la votación determinará si el Ayuntamiento de Parres asume la defensa del vial como bien demanial o si, por el contrario, deja en manos del propietario la decisión sobre un acceso que los vecinos reclaman como propio.