Parres investigará si el camino de Sotu Deu al Sella es público, pero la reapertura que piden los vecinos debe esperar

El Ayuntamiento de Parres acordó este jueves abrir un expediente de investigación para dilucidar si un camino que conduce al río Sella en Sotu Deu es de titularidad pública o, por el contrario, pertenece al dueño de la finca por la que discurre. La decisión, anunciada hace unos días por el alcalde, Emilio García Longo (PSOE), cosechó el respaldo de todos los grupos municipales a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo, y supone un paso de calado institucional a un conflicto que arrastra meses de debate entre los vecinos y el propietario del terreno. Sin embargo, el Pleno descartó la reapertura inmediata del paso, ya que para ello aún habrá que superar algunos pasos administrativos.

La propuesta aprobada, que había sido elaborada por la Secretaría municipal y respaldada con un informe, propone elaborar los informes necesarios para determinar la posesión del camino e iniciar el expediente de investigación. Además, recoge la suspensión inmediata de los efectos de la licencia de obras concedida en su día y que permitió cerrar el camino en todo lo que afecta al vial objeto de la investigación. Traducido: se retrotrae la situación al momento previo a la concesión de la licencia de obras.

El antecedente de Bada

A la vez, se ordena al propietario de la finca por la que discurre el camino la paralización de cualquier obra o movimiento de tierras y que se abstenga de actos que impidan el libre tránsito, bajo aprecibimiento de sanciones. Se elaborará asimismo un informe, acompañado por documentación gráfica, para comprobar que no se realizarán nuevas obras. El acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) y en el tablón de anuncios municipal, y se trasladará a la Administración General del Estado y a los afectados. Habrá finalmente un trámite de información pública de un mes para que los interesados presenten alegaciones.

"Es voluntad de este gobierno solucionar el problema a la mayor brevedad posible y con la mayor garantía jurídica para todas las partes", ha señalado el alcalde de Parres, que ha resaltado que existe en el concejo un antecedente similar al de Sotu Deu. Ocurrió hace unos años, en la localidad de Bada, donde un grupo de vecinos denunció la ocupación ilegal de un camino público. El Ayuntamiento aprobó una declaración de lesividad, actuó entonces de oficio y recuperó el camino. El problema llegó en los tribunales: el juez quitó la razón al Ayuntamiento por no haber abierto previamente un expediente de investigación que acreditara que el camino era púbico. García Longo ha manifestado que, "indiciariamente, todo indica que el camino es público" y que la intención del gobierno local es reabrirlo lo antes posible, pero "con todas las garantías necesarias".

Dos opiniones encontradas

El origen de la disputa se remonta a hace unos meses, cuando el propietario de la parcela por la que discurre el paso en litigio, Xuan Carlos Fernández García, cerró el camino que los vecinos aseguran que han utilizado décadas para acceder al Sella.

Los vecinos sostienen que se trata de un vial "histórico, empedrado y de uso continuado", y que la concentración parcelaria de Aballe-Deu, aprobada en 1991, refleja como un camino público que atraviesa la finca sin formar parte de ella. Esa tesis ha sido ratificada en tres informes por el Servicio de Infraestructuras Agrarias del Principado.

El propietario y su abogada, Laura López Varona, defienden justo lo contrario: que ni la escritura de propiedad, ni el Catastro, ni el inventario municipal de bienes recogen ese supuesto paso, y que la reordenación de parcelas de 1991 eliminó ese tipo de servidumbres.

La licencia que concedió una prima

A esa controversia de fondo se sumó un elemento que agravó el malestar vecinal: la licencia de obras que permitió el cierre del camino fue firmada por una concejala del equipo de gobierno que es prima carnal del solicitante, parentesco que, según los denunciantes, debió haber motivado su abstención y es causa de nulidad.

El alcalde, Emilio García Longo (PSOE), reconoció hace unos días que la concesión de aquel permiso fue "un error" y anuló inicialmente la autorización, al tiempo que retrotrajo el procedimiento para resolverlo él mismo no sin antes conceder diez días a los interesados para que presentaran alegaciones.

Un punto de inflexión

Con esos antecedentes, la sesión plenaria de este jueves se presentaba como un punto de inflexión. Un grupo de vecinos acudió a la entrada del Ayuntamiento con una pancarta en la que se podía leer: "El camín del ríu... es de todos". Esperaban dos cosas: que el Pleno aprobara la investigación sobre la naturaleza jurídica del vial y que, además, se ordenara la reapertura inmediata del acceso.

Consiguieron lo primero, pero no lo segundo. El secretario municipal explicó que, antes de cualquier medida cautelar, la orden debe publicarse en un boletín oficial o en la sede electrónica y debe abrirse un plazo de alegaciones para todos los interesados. Sin ese trámite, la intervención carecería de cobertura legal.

Decepción vecinal

Los vecinos no ocultaron su decepción ante ese matiz procedimental. Temen que la maquinaria administrativa dilate una solución que, a su juicio, podría adoptarse con mayor celeridad. Su abogado, Víctor Martín, ya había advertido en días previos que la legislación permite a la Administración recuperar de oficio la posesión de sus bienes demaniales sin necesidad de acudir a los tribunales civiles. El Pleno, no obstante, optó por ceñirse a los cauces más garantistas.

La proposición debatida este jueves, incluida por vía de urgencia en el orden del día del Pleno, contempla no solo la incoación del expediente de investigación y la suspensión de la licencia, sino también un trámite de información pública de un mes, un período probatorio de quince días y la notificación personal a los afectados identificables. Solo al término de ese recorrido administrativo podrá determinarse con certeza jurídica si el camino es público –y, por tanto, inalienable, inembargable e imprescriptible– o si, por el contrario, pertenece al propietario que lo clausuró.