El Tribunal Superior anula una multa del Principado a una constructora por tardar dos años en dictarla

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado una penalización del Gobierno del Principado de 12.884,52 euros a una empresa constructora que no formalizó un contrato de obras públicas en el concejo de Piloña. La razón no fue el fondo del asunto, pues el Ejecutivo tenía razón, sino un exceso de plazo: la Administración tardó casi dos años en dictar la sanción cuando, según señala la sala, disponía de tres meses para hacerlo. El fallo, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, puede recurrirse.

La resolución estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la compañía afectada contra un acuerdo de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios (ahora renombrada de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias). La penalidad, equivalente al 3% del presupuesto base de licitación sin IVA, se había impuesto en diciembre de 2024 después de que la empresa, que había resultado adjudicataria de las obras de mejora de la carretera PI-12 que comunica Priede y Samalea con la N-634, en el concejo de Piloña, decidiera retirar su oferta en enero de 2023.

Penalidad automática

El litigio, que se remonta a una licitación de noviembre de 2021, planteaba varias cuestiones jurídicas. La empresa alegaba que la Administración había incumplido los plazos para adjudicar el contrato –lo hizo más de un año después de la apertura de proposiciones–, que la penalidad fija del tres por ciento resultaba desproporcionada y que no se le había advertido expresamente de las consecuencias de no formalizar el acuerdo. La Consejería, por su parte, sostenía que la retirada se produjo después de la adjudicación y sin causa justificada, y que la penalidad era automática.

El tribunal, tras examinar la normativa de contratos públicos y dos sentencias recientes del Tribunal Supremo, rechazó la mayoría de los argumentos de la constructora. Los magistrados consideraron que el retraso en la adjudicación, aunque evidente, no eximía a la empresa de haber ejercitado su derecho a retirar la oferta durante el procedimiento, no una vez culminado. Tampoco admitieron la aplicación del principio de proporcionalidad para moderar la cuantía, al tratarse de un supuesto de responsabilidad objetiva fijada legalmente.

Motivo procedimental

Sin embargo, la sala estimó el recurso por un motivo procedimental que la propia demandante había planteado casi al final de su escrito. La penalidad prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, razonó el tribunal, no se asimila a las multas coercitivas que se imponen en la ejecución de un contrato.

Al imponerse antes de que exista un contratista formalmente constituido y con un claro carácter correctivo sobre una conducta pasada, debe considerarse de naturaleza sancionadora. Así, resulta de aplicación el plazo de tres meses establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común para los procedimientos de intervención que produzcan efectos desfavorables o de gravamen.

Informe preceptivo

Desde el 23 de enero de 2023, fecha en que la empresa comunicó por escrito su renuncia a la oferta, hasta el 12 de diciembre de 2024, cuando la Consejería dictó la penalidad, transcurrieron más de veintidós meses. Incluso descontando el tiempo empleado en la emisión de un informe preceptivo por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el plazo se había superado con creces. La resolución recurrida, junto con la que desestimó el recurso de reposición posterior, quedó así anulada por caducidad del procedimiento.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, no impone las costas procesales a ninguna de las partes dada la complejidad de la normativa aplicable. Una complejidad que el propio fallo contribuye ahora a despejar al menos en un punto: cuando la Administración quiere penalizar a un licitador por no formalizar un contrato ya adjudicado, el reloj corre en su contra desde el primer día.

La obra concluyó en 2024

Las obras de la carretera de Priede y Samalea se acabaron realizando en 2024, tras una inversión de 465.263 euros, cofinanciados por la UE a través del programa Feader. Los trabajos, llevados a cabo en una extensión de casi tres kilómetros del vial durante siete meses, consistieron en la mejora del pavimento y regularización del firme con una capa de 11,5 centímetros de espesor sobre el que se aplicó una capa de rodadura de 5 centímetros. Asimismo, se aumentó la zona de rodadura desde los 4 metros hasta los 4,80 metros, manteniendo el ancho de 6 metros de la calzada.

La obra incluyó una escollera en el lado de desmonte para garantizar la estabilidad del camino superior dentro del núcleo de Samalea, de 4 metros de altura y 45 de longitud, así como la reparación de la zona de riego, la renovación de la señalización horizontal y vertical, el sistema de drenaje y la instalación de nuevas barreras.

Suscríbete para seguir leyendo