El Juzgado de Llanes, al borde del colapso: sobrecarga de trabajo, guardias impagadas y un refuerzo necesario que no fue renovado

El Juzgado de Primera Instancia de Llanes afronta sus primeras semanas sin un refuerzo de gestión procesal que expiró el 30 de abril. Ha perdido esa ayuda pese a que no solo se mantienen las condiciones que motivaron su aprobación, sino que nuevas funciones derivadas de la implantación de los Tribunales de Instancia y de la comarcalización de la violencia de género han agravado la situación. "La falta de refuerzo aboca al Tribunal al atascamiento y a un funcionamiento anormal de la Justicia", alertan empleados del Juzgado, que aseguran que la carga de trabajo es "insoportable" y el deterioro de las instalaciones judiciales "alarmante".

Los números sostienen la advertencia. En 2025 ingresaron más asuntos en la sección de instrucción que el año anterior, como ocurrió en toda Asturias. La tendencia se ha mantenido en el primer trimestre de 2026. Pero el dato más llamativo es el incremento de la actividad procesal: solo en febrero de este año se presentaron casi un 40% más que el mismo mes de 2025. La sección civil, por su parte, soporta un exceso de módulo del 66% en procedimientos declarativos y del 81% en ejecuciones, según los trabajadores.

Mala organización

El problema no es solo el volumen de trabajo, sino la forma en que se organiza. La sección de instrucción cuenta con dos funcionarios –un tramitador y un gestor en instrucción, ya que la otra gestora era el refuerzo que no se ha renovado–, a los que se reparten los números y las ejecutorias.

La gestora, además, está adscrita al Registro Civil. Así que cuando la tramitadora de este último tiene que asumir funciones en el Registro Civil, se toma un permiso o vacaciones o está de baja, el tramitado se ve obligado a asumir todo lo relacionado con el juzgado de instrucción y también todo lo que tenga que ver con el juzgado de violencia de Gijón, lo que resulta "imposible" y provoca una acumulación de trabajo imposible de delegar en los compañeros, según los empleados.

La eliminación del refuerzo significa que en la práctica habrá días que la sección de penal se quedaría con un solo tramitador por descanso, baja o vacaciones de algún funcionario, lo que también resulta inviable. Entre las tareas que pueden quedar desatendidas figuran las declaraciones que se toman en mesa, las conformidades, la atención telefónica, el correo electrónico, la atención presencial a administrados y profesionales…

Violencia de género

A todo ello se suma la reciente comarcalización de la violencia de género, que entró en vigor el 1 de abril. En teoría, la competencia sobre estos asuntos debía trasladarse al Tribunal de Violencia de Género de Gijón.

En la práctica, según denuncian los funcionarios, los detenidos fuera del horario de audiencia –viernes por la tarde, sábados y domingos– siguen pasando a disposición del juzgado de Llanes. Así que cualquier detenido a partir del mediodía del viernes pasará a disposición del Tribunal de Instancia de Llanes el viernes por la tarde, el sábado o el domingo. Y desde el 1 de abril ha habido en Llanes detenidos por violencia de género "todas las semanas".

"Todos los agentes implicados, tanto la Guardia Civil como el Centro Asesor de la Mujer, incluido el Juzgado de Violencia de Género de Gijón, que está descontento con tener que asumir toda la violencia de género de varios partidos judiciales, están interesados en no tener que efectuar el traslado de las víctimas o los detenidos y en que lo asuma el juzgado del partido judicial, porque se ahorran el coste, el tiempo y el traslado. Así que se está observando una tendencia al asesoramiento de las víctimas para pasar las denuncias y las detenciones al fin de semana.

Peores condiciones

"Es decir, se ha eliminado el complemento de violencia de género a los funcionarios, con la excusa de que ha pasado a Gijón, pero no ha disminuido la carga de trabajo; al revés, hay un empeoramiento de las condiciones, porque tenemos que estar todos los fines de semana", denunció una empleada del juzgado de Llanes. El problema, por lo tanto, no es solo organizativo, sino también retributivo. La Administración solo abona una disponibilidad que no llega a 10 euros al día y que no genera derecho a día de descanso salvo que la jornada se prolongue más allá de las 21 horas.

El estado del edificio no ayuda: presenta un deterioro "alarmante". Los funcionarios describen un sótano con humedades, problemas de ventilación y falta de seguridad en la puerta de acceso. "Aquí entró una señora hace días con un cuchillo, y menos mal que estaban en aquel momento, de casualidad, unos policías judiciales", relata una trabajadora.

Tampoco ayuda un parque informático compuesto en muchos casos por equipos de segunda mano. "Cualquier empresa privada ya hubiera cerrado el chiringuito", ironiza una empleada, que añade que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) lleva años urgiendo a la Viceconsejería de Justicia a que realice obras en el juzgado, más allá de los "remiendos" que realizó en su día tras inundarse las instalaciones, "que no sirvieron de nada, porque volvió a inundarse", y a que adopte medidas para mejorar la seguridad.

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