El Tribunal Superior de Asturias vuelve a declarar nulo el sueldo del alcalde de Ribadedeva, esta vez por un recurso del PSOE

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado una resolución, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que vuelve a declarar ilegal la forma en la que el pleno de Ribadedeva aprobó la retribución de su alcalde, Jorge Martínez. Tras haber emitido un fallo en el mismo sentido después de un recurso del PP, en esta ocasión los jueces dan la razón al PSOE, que también impugnó el punto relativo a las "Asistencias-Dietas" del pleno extraordinario celebrado el 31 de agosto de 2023. La resolución no es firme, pues cabe recurso de casación.

El PSOE había perdido el caso en primera instancia, pero apeló y ahora el TSJA le da la razón y declara nulo de pleno derecho el acuerdo de la liberación y el sueldo del Alcalde porque no se incluyó con el suficiente detalle en el orden del día. Es el mismo defecto que le llevó a tumbar, en enero, la liberación parcial del regidor a instancia de dos ediles del PP. El tribunal considera que la convocatoria del pleno extraordinario solo mencionaba genéricamente las dietas, sin precisar que se iba a decidir la creación de una dedicación retribuida para el Alcalde. Esa omisión, según la sentencia, vulnera el derecho de los concejales a participar con información suficiente en las decisiones del pleno, un derecho reconocido en la Constitución. La nulidad es radical y, como explican los jueces, no se subsana porque durante la sesión se debatiera el asunto.

Sueldo: 14 pagas de 1.300 euros

El pleno de Ribadedeva acordó el 31 de agosto de 2023 una liberación del Alcalde al 50 por ciento, con una retribución de 14 pagas de 1.300 euros. Los jueces aclaran que en las sesiones extraordinarias no se puede debatir ni aprobar ningún asunto que no figure en el orden del día, a diferencia de lo que ocurre en las ordinarias, donde excepcionalmente cabe declarar la urgencia.

De esta forma, Ribadedeva acumula dos resoluciones judiciales que anulan, por vicios formales en la misma convocatoria, el régimen retributivo que el Alcalde se atribuyó. La primera sentencia ya señaló la obligación de que el Alcalde devolviera las cantidades cobradas indebidamente, que superan los 60.000 euros. Esta segunda resolución confirma el mismo criterio.

Victoria parcial del Alcalde

El Tribunal Superior sí ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento en otro aspecto recurrido por el PSOE, relativo a la composición de las comisiones informativas: tres miembros del equipo de gobierno (Juntos por Ribadedeva), dos del PSOE y uno del PP; un reparto que los socialistas consideran injusto, ya que en las elecciones de 2023 el grupo del Alcalde logró 4 concejales, por 3 el PSOE y 2 el PP. Los jueces han recordado la doctrina del Tribunal Constitucional de que la proporcionalidad "no implica la necesidad de que cada una de las comisiones sea reproducción exacta, a escala menor, del Pleno municipal", siempre que no se genere "una situación notablemente desventajosa" para algún grupo, algo que no aprecian en este caso.

Advertencias del PSOE

El portavoz del PSOE, Tino Cantero, destacó que no es intención de su partido judicializar la política municipal, y que esta iniciativa se debe a que el Alcalde desoyó las múltiples advertencias de que su liberación era incorrecta y debía regularizarla. Indicó que este es el único procedimiento administrativo del PSOE contra Jorge Martínez, pese a declaraciones en sentido contrario del Alcalde, "que vive de las mentiras". Añadió que los demás procesos judiciales en los que está involucrado el Regidor tienen que ver "con personal municipal y con vecinos", y se derivan "de su gestión".

Este periódico intentó ayer sin éxito obtener la versión del Alcalde, quien, tras conocer la sentencia desfavorable de hace cuatro meses achacó lo ocurrido al "error administrativo de un funcionario" al elaborar el orden del día". Jorge Martínez ya manifestó en su día a este periódico que está dispuesto a devolver el dinero cobrado y a "trabajar gratis" hasta el final del mandato si una sentencia firme anula su liberación.

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