Los ecologistas denuncian un "pelotazo urbanístico" en la playa de La Isla, en Colunga: se proyectan 28 chalés en una finca colindante con el mar

La playa de La Isla, en Colunga, se enfrenta a un nuevo pulso entre la preservación del litoral y la presión urbanística. La Coordinadora Ecologista d’Asturies ha alertado sobre la pretensión de autorizar la construcción de 28 viviendas unifamiliares en una finca de 20.398 metros cuadrados conocida como El Barrigón, colindante con el mar. Considera que es "un pelotazo urbanístico". El organismo conservacionista sostiene que se está tramitando una modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento para hacer viable el proyecto, al que ya han presentado alegaciones. Fuentes del equipo de gobierno han asegurado que se están siguiendo "escrupulosamente" todas las exigencias normativas y que la iniciativa es "absolutamente legal".

El principal reparo de los ecologistas se centra en la escasa franja de protección que se exigiría a las futuras edificaciones. Según su denuncia, se limitaría a una distancia de 20 metros desde la playa, una cifra muy alejada de los 500 metros que establece el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) para los suelos rústicos no urbanizables. Precisamente, añaden, esa regulación busca salvaguardar la costa de intervenciones como esta. La organización advierte de que el visto bueno a este desarrollo podría sentar un precedente para urbanizar otras zonas costeras asturianas con la complicidad del Gobierno regional, al que acusan de permitirlo.

Masificación y especulación

No es una batalla nueva. La Coordinadora recuerda que lleva décadas denunciando la presión urbanística sobre el litoral, en especial en las áreas central y oriental. La tensión se moderó durante la crisis del sector de la construcción, pero ahora, sostiene, regresan "las dinámicas de masificación y especulación" en espacios de alto valor natural y paisajístico, como el de La Isla. La agrupación de 28 chalés, argumentan, generaría "una pantalla arquitectónica y una acumulación de volúmenes allí donde ahora solo hay prados abiertos".

Más allá del impacto visual, la organización señala problemas prácticos. Las nuevas viviendas limitarían el tránsito por la zona de servidumbre de costas, un derecho de acceso reconocido por la legislación, y crearían accesos privados a un bien público. Advierten, asimismo, de que no se garantiza el acceso al mar en el lado este de la playa. A todo ello se sumarían las deficiencias en infraestructuras básicas: afirman que la zona ya arrastra problemas de vertidos de aguas residuales en verano y de falta de suministro de agua potable para los vecinos, circunstancias que la llegada de 28 nuevas viviendas podría agravar. La Coordinadora Ecoloxista anuncia que seguirá trabajando para frenar lo que considera "un nuevo pelotazo urbanístico que amenaza los valores naturales del litoral asturiano".

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