La urbanización de chalés prevista junto a la playa de La Isla "cumple escrupulosamente la ley", asegura el alcalde de Colunga
José Ángel Toyos afirma que los terrenos de El Barrigón están clasificados como suelo urbano por sentencia firme y que el proyecto cuenta con informes favorables de Costas, Medio Ambiente y los organismos competentes

La finca en la que se construirá una urbanización residencial, vista desde la playa de La Isla, en el concejo de Colunga. / CEA

El proyecto para construir una urbanización de viviendas unifamiliares proyectada junto a la playa de La Isla, en Colunga, ha suscitado un debate entre el Ayuntamiento y los colectivos ecologistas. El alcalde, José Ángel Toyos (Foro), ha salido al paso de las denuncias lanzadas por la Coordinadora Ecologista d’Asturies (CEA) para ofrecer lo que califica como una aclaración necesaria: el proyecto residencial, todavía en tramitación, cumple "escrupulosamente" con la normativa urbanística, ambiental y de costas, y se sustenta en la legislación vigente, en documentación oficial y en resoluciones judiciales firmes.
El punto de partida de la controversia es la clasificación de los terrenos. Frente a las críticas que advertían de una vulneración del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) por reducir la franja de protección a 20 metros cuando para suelo rústico se exigirían 500, Toyos recuerda que las parcelas afectadas no son rústicas.
Suelo urbano
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ratificó hace años su condición de suelo urbano, al considerar que ya disponían de servicios urbanísticos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Por tanto, la servidumbre de protección aplicable es la de 20 metros que fija esa ley para el suelo urbano. El Alcalde insiste en que la modificación urbanística actual no es una iniciativa discrecional, sino una adaptación obligada del planeamiento municipal a aquella resolución judicial.

La finca de El Barrigón, en La Isla. / CEA
Otro de los números en litigio es el de las viviendas. Lo que la CEA ha cifrado en 28 chalés, el expediente lo reduce a un máximo de 24, según ha precisado el Regidor. La densidad permitida, de 12 viviendas por hectárea, se inscribe dentro de lo que los técnicos consideran un desarrollo de baja densidad, lejos de la masificación que denuncian los ecologistas.
Medidas correctoras
En cuanto al acceso público al litoral, donde las críticas apuntaban a una posible barrera arquitectónica y a una limitación del tránsito ciudadano, la propuesta incorpora medidas concretas. El Alcalde ha destacado que la Demarcación de Costas ha emitido un informe favorable. El proyecto prevé la cesión de 2.320,29 metros cuadrados de terrenos en el frente marítimo para crear una senda peatonal y espacios libres de uso público.
Además, se habilitarán dos nuevos accesos peatonales de 1,5 metros de ancho, uno por el este y otro por el oeste, que conectarán la carretera general con la costa. Para evitar la formación de una pantalla visual, la normativa urbanística del ámbito ha prohibido expresamente las viviendas adosadas o en hilera, permitiendo solo tipologías aisladas o pareadas con limitaciones de altura.
Informes favorables
Las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento también han sido objeto de revisión. Toyos ha señalado que la empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua emitió en enero de 2020 un informe favorable que acredita la suficiencia de los recursos hídricos y de la red de distribución. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), por su parte, informó positivamente sobre la conexión del saneamiento a la red municipal que conduce a la depuradora de Colunga.
El expediente fue sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, y la Consejería competente resolvió el 25 de octubre de 2019 que la actuación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. El proyecto incorpora, además, prohibiciones como la de emplear especies exóticas en las zonas ajardinadas y el respeto íntegro a la servidumbre de protección del litoral, donde no se permite edificación residencial alguna.
José Ángel Toyos ha defendido que el Ayuntamiento actúa "con absoluta transparencia, rigor técnico y pleno respeto a la legalidad", y ha pedido que el debate sobre esta actuación urbanística se base en datos objetivos y en la documentación oficial del expediente.
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