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Campaña de recogida de fondos para frenar la construcción de 24 chalés junto a una playa de Colunga

La plataforma vecinal "Salvemos La Isla" recauda dinero para contratar asesoramiento jurídico y técnico y presentar alegaciones contra el proyecto urbanístico previsto en El Barrigón

La finca de El Barrigón, en La Isla (Colunga).

La finca de El Barrigón, en La Isla (Colunga). / CEA

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

La Isla (Colunga)

La plataforma vecinal "Salvemos La Isla" ha iniciado una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) para recaudar fondos con los que pagar el asesoramiento jurídico y técnico necesario para alegar contra el proyecto urbanístico que prevé la construcción de una urbanización con 24 chalés en una finca situada en El Barrigón, en primera línea de playa de La Isla, en Colunga.

Los impulsores de la campaña consideran que El Barrigón es "un enclave litoral de gran valor paisajístico y social". El expediente está en la actualidad en periodo de información pública.

Fuerte controversia

El proyecto, que ha generado una fuerte controversia en el concejo, contempla la construcción de 24 viviendas unifamiliares en una parcela de 20.398 metros cuadrados situada a pie de playa. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies alertó sobre lo que califica como "un pelotazo urbanístico", denunciando que la franja de protección exigida a las futuras edificaciones se limita a 20 metros desde la playa, una cifra muy alejada de los 500 metros que establece el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) para los suelos rústicos no urbanizables.

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), por el contrario, ha defendido la legalidad del proyecto. Según ha explicado, los terrenos de El Barrigón están clasificados como suelo urbano por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ratificó en 2011 esa condición hace años, al considerar que ya disponían de servicios urbanísticos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Malestar entre los residentes

Por tanto, la servidumbre de protección aplicable es la de 20 metros que fija esa ley para el suelo urbano, según los dirigentes municipales. El regidor insiste en que la modificación urbanística no es una iniciativa discrecional, sino una adaptación obligada del planeamiento municipal a aquella resolución judicial.

El malestar entre los residentes, no obstante, va más allá de la distancia a la costa. La preocupación se extiende también a las infraestructuras y servicios básicos. Los residentes señalan que la zona ya arrastra problemas de vertidos de aguas residuales en verano y de falta de suministro de agua potable, circunstancias que la llegada de nuevas viviendas, a su juicio, agravaría.

Más de 1.500 euros recaudados

Desde la plataforma 'Salvemos La Isla' insisten en que no se oponen al desarrollo del concejo, sino que piden transparencia sobre el proyecto, informes actualizados y garantías antes de avanzar en una actuación que puede afectar al paisaje litoral, la capacidad de la playa, el abastecimiento de agua, el saneamiento, los accesos y los servicios públicos.

"Cualquier aportación, por pequeña que sea, ayuda a que la ciudadanía pueda defender el entorno de La Isla con argumentos y dentro de la legalidad", señalan los promotores. El objetivo marcado se sitúa en 2.000 euros. De momento se han recaudado más de 1.500.

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