El Consejo de Transparencia obliga al Ayuntamiento de Colunga a entregar información a la oposición tras una reclamación del PP

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado la razón al Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Colunga y ha instado al Consistorio a entregar en el plazo de diez días la documentación que el partido lleva meses reclamando. La resolución, fechada el 23 de junio, estima la reclamación presentada por el portavoz del PP, Javier Brea, y obliga al equipo de gobierno a facilitar la información relativa a los gastos de representación –dietas, kilometraje, pagos por asistencia a reuniones o actos y conceptos similares abonados a órganos de gobierno– correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025. También deberá entregar los informes de Intervención y Secretaría que avalan la gratuidad de un servicio regulado por la ordenanza fiscal 1.2.1.2, así como todos los documentos, informes o expedientes vinculados a ese servicio.

La decisión del organismo estatal no es un hecho aislado, sino que se produce en el marco de una denuncia más amplia del PP sobre lo que considera una práctica sistemática de obstrucción. El grupo asegura que lleva meses encontrando retrasos, silencios administrativos y trabas para acceder a información municipal, algo que, a su juicio, dificulta el ejercicio de su labor de control y fiscalización.

Derecho de los concejales

"El problema no es una solicitud concreta. El problema es una forma de funcionar", afirma Brea. El portavoz insiste en que el acceso a la documentación no es un privilegio del gobierno, sino un derecho de los concejales vinculado directamente a sus funciones representativas. La normativa establece que las peticiones de información formuladas por los miembros de la Corporación deben resolverse de manera motivada en el plazo de cinco días naturales. Si no se dicta una resolución denegatoria expresa dentro de ese período, la solicitud se entiende concedida por silencio administrativo positivo. Sin embargo, el PP sostiene que en Colunga esa regla no se cumple.

Como ejemplo, menciona dos solicitudes concretas: el registro de entrada número 1661, presentado el 16 de abril de 2026, cuyo acceso fue autorizado mediante resolución de Alcaldía el 21 de mayo, más de un mes después; y el registro número 1888, del 29 de abril, autorizado el 27 de mayo, en un plazo similar. "Cuando una solicitud que debe resolverse en cinco días tarda casi un mes o más, no estamos ante una simple demora administrativa", subraya Brea.

Silencio administrativo

En paralelo a la denuncia pública, el Grupo Municipal Popular ha presentado un nuevo escrito en el Ayuntamiento solicitando la expedición del certificado acreditativo del silencio administrativo producido respecto a varias peticiones de acceso a información que continúan sin respuesta. Esas solicitudes, presentadas entre el 28 de mayo y el 19 de junio de 2026, se refieren al acceso a distintos registros de entrada y salida.

El PP exige que se declare producido el silencio estimatorio y que se facilite de forma inmediata el acceso efectivo o la copia completa de la documentación requerida. "Ya no estamos pidiendo que se decida si se nos da o no acceso. El plazo legal ha pasado y, si no hubo denegación motivada, el acceso está concedido por silencio. Lo que exigimos ahora es que se cumpla la ley y se entregue la documentación", afirma el portavoz.

Control democrático

La resolución del Consejo de Transparencia recuerda que el derecho de los concejales a acceder a la información municipal forma parte del núcleo de sus funciones representativas y de control, un extremo que el PP considera especialmente relevante porque, según argumenta, la falta de acceso no perjudica únicamente a la oposición, sino al conjunto de los vecinos. "Si la oposición no puede acceder a la información, se limita el control democrático. Y si se limita el control democrático, los vecinos tienen menos garantías sobre cómo se gobierna, cómo se tramitan los expedientes y cómo se gasta el dinero público", señala Brea.

El Grupo Municipal Popular ha reclamado al alcalde y al equipo de gobierno un cambio inmediato de actitud y la emisión de instrucciones claras a los servicios municipales para garantizar que las solicitudes se tramiten en plazo, se resuelvan motivadamente y se facilite el acceso efectivo a la documentación. "La transparencia no se predica, se practica. No basta con hablar de buen gobierno si después la oposición tiene que acudir al Consejo de Transparencia para obtener información municipal", concluye el portavoz.

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