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El PP denuncia una actuación "arbitraria e inusual" del Principado, tras mantener abierto un centro infantil en Oviedo con quejas por calor y haber clausurado el de El Rinconín en Llanes

El Ayuntamiento critica el "doble rasero" del Gobierno de Adrián Barbón por el cierre su centro de conciliación en enero de 2024

Un aula de una escuelina asturiana.

Un aula de una escuelina asturiana. / LNE

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Llanes, Aurora Aguilar, ha cuestionado este jueves la actuación del Gobierno del Principado de Asturias ante lo que considera una "falta de coherencia" en la supervisión de los centros de atención a la infancia. Sus declaraciones llegan después de que trascendieran las condiciones en las que se encuentra el centro de menores Los Pilares, en Oviedo, donde los representantes de los trabajadores han denunciado temperaturas superiores a los 39 grados en dependencias ocupadas por bebés y niños de corta edad.

La edil ha aprovechado estas informaciones para recordar el cierre, en enero de 2024, del proyecto municipal de El Rinconín, una iniciativa impulsada desde el Consistorio llanisco que pretendía ofrecer un espacio de conciliación para las familias del concejo. "Resulta inevitable preguntarse dónde estaban entonces la misma diligencia, el mismo celo inspector y la misma contundencia política que se desplegaron contra un servicio municipal pensado para ayudar a las familias llaniscas a conciliar su vida laboral y familiar", ha señalado Aguilar.

Servicio de calidad

El centro de El Rinconín fue clausurado tras la intervención del Gobierno de Adrián Barbón, que consideró que la instalación no reunía los requisitos exigidos para su funcionamiento. El Ayuntamiento de Llanes, que había invertido recursos económicos y humanos en la adecuación del espacio, el mobiliario y el material educativo, defendió entonces que el proyecto cumplía con todas las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad. "Siempre actuamos con el objetivo de ofrecer una solución a las familias y nunca con otra finalidad que no fuera el interés general", ha afirmado la concejala, que ha calificado la decisión autonómica como "arbitraria e inusual".

La denuncia sindical en Los Pilares no es un hecho aislado. Según ha señalado Aguilar, existen reiteradas quejas de los representantes de los trabajadores sobre problemas de climatización en distintos centros dependientes del Principado, lo que, a su juicio, revela una disparidad de criterios en la actuación de la Administración autonómica. Mientras que el proyecto de El Rinconín fue cerrado con celeridad, los centros gestionados directamente por el Gobierno regional acumulan denuncias sin que, según la edil, se observe la misma contundencia.

Criterios políticos

"Las familias de Llanes nunca entendieron por qué se impidió el desarrollo de un servicio que podía contribuir a fijar población, favorecer la conciliación y dar respuesta a una demanda existente", ha señalado la concejala, que ha insistido en que la decisión del Principado respondió más a "criterios políticos" que al interés de las familias. "Seguimos pensando que existió una voluntad política de impedir que prosperara un proyecto municipal impulsado por este Ayuntamiento", ha afirmado.

La responsable municipal ha querido reconocer el trabajo de los técnicos municipales, los profesionales implicados en el proyecto y las familias que apoyaron la iniciativa, y ha defendido que El Rinconín nació con la vocación de ser una herramienta de apoyo a la conciliación. "Lamentablemente, una decisión política acabó frustrando una oportunidad que Llanes merecía tener", ha concluido Aguilar, que ha emplazado al Principado a dar explicaciones sobre el trato dispensado al proyecto llanisco.

Desde el Gobierno del Principado, por el momento, no se han pronunciado oficialmente sobre las declaraciones de la concejala. El centro de Los Pilares, dependiente de la Administración autonómica, sigue en funcionamiento a pesar de las denuncias sindicales, que han puesto el foco en las condiciones térmicas del espacio donde se atiende a los menores. La situación abre un debate sobre los criterios de inspección y supervisión que aplica el Principado en los recursos destinados a la infancia, tanto en los de gestión directa como en los impulsados por las administraciones locales.

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