Cuarenta años sin plan: Llanes y su interminable agonía urbanística

Cuando un equipo de gobierno promete un nuevo planeamiento municipal se confía en que la espera dure unos años, no décadas. En Llanes, sin embargo, esa es la constante. El concejo más turístico de Asturias lleva cuarenta años sumido en una anomalía administrativa que ningún otro municipio español ha igualado: carece de un planeamiento urbanístico propio legal desde 1986, porque los tribunales de justicia han ido declarando la nulidad radical de los sucesivos documentos aprobados. De todos. Es un vacío legal que ni los sucesivos gobiernos con mayoría absoluta del PSOE ni los que llegaron después, capitaneados por Vecinos x Llanes, han conseguido resolver hasta ahora.

El 26 de junio de 1986 el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias publicaba un decreto por el que suspendía el Plan de Extensión de 1970 y la delimitación de núcleos de 1978, al considerarlos "obsoletos". Llanes se quedaba sin normas urbanísticas propias. Todos los planeamientos aprobados después fueron declarados por los tribunales de justicia nulos de pleno derecho, lo que significa que nunca tuvieron validez legal, que nunca estuvieron en vigor, y que todas las actuaciones realizadas a su amparo quedaron fuera de ordenación.

Tan peculiar es la situación que profesores de la Universidad de Salamanca ha puesto en varias ocasiones a Llanes como ejemplo para sus alumnos de lo que no se debe hacer en materia urbanística, tal y como desveló hace años durante unas jornadas en la villa llanisca el profesor de Derecho Civil Ramón García Gómez.

El último intento del gobierno local para dotar al concejo de una normativa urbanística legal, iniciado en 2018, ha topado con incontables trabas, buena parte de ellas en forma de silencios administrativos de diferentes departamentos autonómicos. Trabas que amenazan con truncar el objetivo de los dirigentes municipales: aprobar el Plan General antes de que concluya el mandato, en mayo de 2027.

La explicación de los dirigentes regionales al último parón en la tramitación del nuevo planeamiento es que el Ayuntamiento solicito un informe sectorial, en vez de una declaración ambiental estratégica. Y que para esa declaración "faltan documentos", según señalaron en su momento fuentes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Las autoridades municipales han preguntado por qué no se advirtió de esta carencia en cuanto se observo, como se hace en casos similares protagonizados por otros ayuntamientos. No hubo respuesta. El embrollo todavía no se ha resuelto.

Para entender la magnitud del problema hay que remontarse a 1978, fecha de aprobación de la última normativa urbanística legal que tuvo Llanes. Una normativa que el Principado declaró obsoleta en 1986, al considerar que ya no se adecúaba a la realidad urbanística del concejo ni hacía posible su desarrollo turístico.

Desde entonces, los tribunales han ido anulando uno tras otro los documentos que el Ayuntamiento tramitó, incluso uno nonato, que se adjudicó de forma irregular a un equipo que no había presentado la mejor oferta, lo que propició una demanda de quienes sí lo habían hecho. Ganaron los recurrentes, perdió el Ayuntamiento. Consecuencia, adjudicación anulada y vuelta a empezar.

Incluso fueron declaradas nulas de pleno derecho las normas subsidiarias impuestas por el Gobierno del Principado el 29 de diciembre de 1986, porque no se publicaron completas en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), lo que supuso indefensión para la ciudadanía. También fue anulado el plan urbanístico de 1992, que contemplaba más de 13.000 nuevas viviendas, porque el Ayuntamiento solo llamó a participar en el documento de prioridades a "inversores reales y comprometidos", excluyendo al resto de la ciudadanía.

Otro varapalo más para el Ayuntamiento fue la anulación del Plan General aprobado en 2002 y ratificado en 2003, que contemplaba más de 15.000 viviendas. Fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2011, porque el Ayuntamiento incorporó varios planes parciales a espaldas de los ciudadanos, una vez cerrado el trámite de información pública, provocando, una vez más, indefensión.

Esta última anulación dejó al concejo sin normativa urbanística municipal, obligando a basar buena parte de los permisos de obra en las normas regionales y estatales y con autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Y en eso llegó el cambio de gobierno, en 2015, cuando una alianza a cuatro bandas, Vecinos por Llanes, Foro, PP e IU, arrebataron la Alcaldía al PSOE, tras 28 años de gobiernos con mayoría absoluta.

El gobierno encabezado por Vecinos por Llanes desistió en 2015 del último planeamiento impulsado por el PSOE, y defendió que era preferible esperar a un documento "bien hecho, justo y a gusto de todos" antes que perpetuar un urbanismo que calificaban de "destructor" de los pueblos. Vuelta a empezar.

El actual proceso de redacción de un nuevo plan general comenzó en 2018, pero pronto se topó con un primer escollo de fondo. Durante la aprobación inicial del Plan General, el PSOE alertó de que el documento debía tramitarse junto al Catálogo Urbanístico. Tenía razón, pero el gobierno de Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes, no hizo caso, y la CUOTA acabó obligando al Ayuntamiento a repetir la fase de aprobación inicial.

Tras múltiples avatares, en noviembre de 2025, el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, instó a Llanes a aprobar ya el Plan General, advirtiendo de que el Ayuntamiento estaba "incumpliendo los plazos establecidos por el Consejo de Gobierno", que le había dado 15 meses en febrero de 2024 para aprobar provisionalmente el documento. Ruiz Latierro amenazó con "tomar medidas respecto a las competencias urbanísticas del municipio" si la aprobación no era inminente.

La discrepancia entre ambas administraciones era notable: mientras el Principado sostenía que el Ayuntamiento no había cumplido los plazos de la prórroga de 15 meses, el gobierno llanisco subrayaba que ese plazo sí se había cumplido en abril de 2025, con la aprobación conjunta del Plan General y el Catálogo Urbanístico.

En medio de esta tensión, el gobierno local logró finalmente la aprobación provisional del plan el 4 de diciembre de 2025, con los votos a favor de Vecinos por Llanes y el PP (Foro e IU ya se habían quedado fuera del Ayuntamiento), y la abstención del PSOE.

El documento aprobado, que permite construir 5.862 nuevas viviendas (frente a las más de 14.000 que contemplaba el último proyecto socialista), se remitió al Servicio de Evaluaciones Ambientales del Principado el 11 de diciembre de 2025 para obtener la preceptiva declaración ambiental estratégica. Y allí llegó el nuevo atasco.

El plazo legal para esa resolución es de cuatro meses, pero al cumplirse ese período sin que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que lidera Alejandro Calvo, se hubiera pronunciado, el Ayuntamiento emitió en abril de 2026 un requerimiento formal para exigir la declaración "de manera inmediata". Fue cuando la Consejería informó del error municipal: ni se pidió lo debido, ni se aportó toda la documentación necesaria.

El concejal de Urbanismo de Llanes, Juan Carlos Armas, subrayó que esta situación "genera una paralización indebida de la tramitación del Plan General, con los consiguientes perjuicios para el interés público".

El alcalde Enrique Riestra, por su parte, defendió que el plan es "un instrumento urbanístico clave para el desarrollo futuro del municipio" y recordó que la declaración ambiental es un "paso previo e ineludible" para que la CUOTA pueda pronunciarse sobre la aprobación definitiva.

Así las cosas, el futuro del planeamiento llanisco depende ahora de que el Gobierno del Principado responda al requerimiento delk Ayuntamiento y del "sí" definitivo de la CUOTA. El gobierno local confía en sacar adelante el Plan General antes de mayo de 2027, pero cada mes de silencio administrativo reduce el margen. Es verdad que hay otros municipios sin planeamiento urbanístico propio, pero Llanes sigue siendo el único de España que se encuentra en esa situación porque los tribunales anularon todos los que aprobó. Un triste récord.

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