El PP exige el arreglo del acceso al lago La Ercina: "El Consejero Alejandro Calvo tiene un grave desconocimiento de sus propias carreteras"

El PP exigió este jueves al Principado la reparación inmediata del tramo de la CO-4 que comunica los lagos Enol y La Ercina y acusó al Gobierno asturiano de demorar desde hace años una actuación comprometida. El diputado del grupo parlamentario popular Pedro de Rueda y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, denunciaron sobre el terreno el deterioro de la vía, con baches y un firme muy castigado, y sostuvieron que el Ejecutivo autonómico intenta eludir tanto la obra como la titularidad del trazado.

"Subiendo a La Tiese es donde se ve la realidad; una realidad que el consejero, desde la Junta General del Principado, evidentemente oculta o desconoce", señaló de Rueda. El regidor añadió que "la CO-4 empieza en Covadonga y acaba en La Tiese, en el aparcamiento del lago La Ercina", frente a la tesis defendida el pasado 17 de junio en la Junta General por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, quien sostuvo que ese último tramo es "una pista de uso restringido, destinada exclusivamente a usos autorizados" y que no forma parte de la red autonómica. De Rueda reprochó a Calvo haber calificado esta vía como una "pista", ya que considera que "no es una pista. Es una carretera y siempre lo ha sido".

Conflicto enquistado

La polémica no es nueva. Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís recuerdan que llevan varios años reclamando en el Patronato del parque nacional de los Picos de Europa la reparación del tramo situado a partir de Buferrera. Según la versión municipal, la obra llegó a figurar en los presupuestos del parque, aunque condicionada a la llegada de fondos del Principado, y nunca se ejecutó. El Consistorio dio inicialmente un voto de confianza a ese compromiso, pero endureció después su postura al comprobar que la promesa se repetía sin resultados.

El origen del desencuentro, sostienen en Cangas de Onís, va más allá del mal estado del firme. El Ayuntamiento defiende que el Principado mantiene desde hace años la voluntad de restringir o suprimir ese acceso. Como precedente cita el diario de sesiones de mayo de 2018, cuando el entonces consejero Fernando Lastra afirmó en el Parlamento que "la no reparación de este tramo, cuando se acometió el resto de la carretera, fue intencionada" porque la intención era darle "un nuevo uso y restringido al tráfico".

Trazado en disputa

Una de las claves del conflicto está en dónde termina oficialmente la carretera. El alcalde explica que en el borrador del PRUG del parque la vía aparecía rematada en Buferrera, por lo que el Ayuntamiento presentó alegaciones para que el trazado se extendiera hasta La Tiese, su punto de término real. Esas alegaciones fueron estimadas en 2020 y la propia administración reconoció que la cartografía debía corregirse para reflejar que la carretera llega al entorno de La Ercina.

El regidor se apoya en varios documentos, entre ellos el Inventario de Viales en Montes de Utilidad Pública y el Catálogo de Carreteras del Principado de 2024. Por eso rechaza de plano las palabras de Calvo en la Junta General sobre la titularidad municipal de la carretera. "El Consejero tiene un grave desconocimiento de sus propias carreteras", afirmó. También corrigió al titular de Movilidad sobre el sistema de permisos de acceso de vehículos: "Las autorizaciones las da el Parque Nacional. Nosotros somos tramitadores a día de hoy". Por su parte Calvo, aseguró en la sesión que el Ayuntamiento de Cangas es el encargado de autorizar el acceso de estos vehículos.

Uso vecinal

Insisten en que no se trata de un vial residual. Defienden que da servicio a taxistas, ganaderos, pastores, elaboradores de queso de Gamonéu, montañeros, al restaurante de la zona y a las plazas de aparcamiento de La Tiese. De ahí su rechazo frontal a cualquier propuesta de cierre o de transformación en una pista de tierra. "A estos derechos, que tienen adquiridos los vecinos de Cangas de Onís, no vamos a renunciar", zanjó el Alcalde. El PP reclamó al Principado que asuma de una vez la reparación del tramo y deje de "emitir excusas" sobre una infraestructura que, a su juicio, sí pertenece a la red autonómica y presenta problemas de seguridad para quienes la utilizan de forma habitual.

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