La empresa promotora de la planta de biogás de Arenas de Cabrales estudiará los motivos del informe desfavorable de la CUOTA: "La problemática de los residuos sigue ahí y habrá que resolverla"

El informe desfavorable a la planta de biogás proyectada en Arenas por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ha sido recibido con cautela por la empresa promotora, Agrolinera. Verónica Menéndez, socia fundadora de la sociedad destaca que aún no ha recibido formalmente el informe y que estudiará los motivos del rechazo antes de tomar cualquier decisión, aunque advierte que la necesidad de gestionar los purines y sueros de la ganadería local sigue sin resolverse.

Menéndez, que ha conocido la resolución a través de los medios de comunicación evita pronunciarse sobre los pasos a seguir a partir de ahora hasta conocer el contenido exacto del dictamen. "Hay que ver realmente cuáles son los motivos y estudiar a ver cuál es la situación, el por qué del informe desfavorable", añadió.

Partidarios y detractores

El proyecto, que respalda el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Cabrales y rechaza la Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales, se enfrenta ahora a un nuevo escollo administrativo. Menéndez reconoció que este revés supone un retraso en los plazos, pero evitó hablar de renuncia. "Es pronto para decirlo, lo que es cierto es que lo retrasa obviamente en cualquier modo, alarga el proceso", señaló.

La empresaria insistió en que el proyecto surge de una "necesidad real" del territorio, tanto desde el punto de vista ambiental como social y económico, para dar salida a los residuos ganaderos de forma viable, sostenible y a largo plazo. "La problemática de los residuos sigue ahí y habrá que resolverla", subrayó.

Extraer valor de los residuos

La promotora defendió que la iniciativa va más allá de la construcción de una planta de biogás y que incluye una comunidad energética y el tratamiento de suelos para extraer valor de los residuos. "Siempre se habla de planta de biogás y es que el proyecto es mucho más que eso. Es una instalación de tratamiento que simplemente tiene la función de dar salida a unos residuos que pueden dañar el entorno", explica.

Según la socia fundadora de Agrolinera, la resolución de la CUOTA responde únicamente a la tramitación administrativa, mientras que la evaluación de impacto ambiental estratégica, que es competencia de otro órgano, ha sido favorable. "De las alegaciones que se presentaron, unas ochocientas, solo una se aceptó", destaca.

La planta, una "necesidad local"

Verónica Menéndez atribuye el rechazo vecinal al desconocimiento y a la novedad de este tipo de instalaciones en el ámbito rural asturiano. "Son proyectos nuevos, novedosos; no tanto en Europa o Estados Unidos, pero aquí son muy nuevos", afirma. La emprendedora diferencia su propuesta de otras plantas de biogás que se han planteado en España con un objetivo meramente energético. "Este proyecto parte de una necesidad local del territorio para dar solución, para convertir un problema en una oportunidad", explica.

En este sentido, reconoce que probablemente la empresa no ha transmitido adecuadamente los detalles del proyecto en su fase inicial, aunque insiste en que el proceso participativo debe implicar a todas las partes. "Siempre dijimos que esto hay que resolverlo entre todos, la administración local, autonómica, los vecinos, los queseros, las ganaderías, el sector turístico… porque les afecta a todos", señaló.

"No es una macroplanta"

En cuanto a quienes comparan su iniciativa con macroplantas de biogás de otras regiones, Menéndez fue clara: "Hablan de macroplantas, hablan de camiones… Nada que ver, aquí estamos hablando de cuatro camiones". La empresaria quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos opositores y expone que la resolución de la CUOTA demuestra que los trámites se están cumpliendo con rigor: "Creo que tienen que estar tranquilos porque se va a hacer el proceso tal cual exija la normativa, la legislación".

El futuro de esta inversión, que se situaría entre 5 y 7 millones, queda ahora en manos de la lectura detallada del informe y de la posible subsanación de las deficiencias observadas.

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