Vecinos de Ponga se unen en una manifestación contra la gestión municipal y servicios paralizados: "No queremos enfrentamientos, queremos respuestas"

San Juan de Beleño, capital de Ponga, fue este lunes escenario de una concentración vecinal contra la gestión de la alcaldesa, Marta María Alonso Guijarro, del PSOE. Los asistentes reclaman explicaciones y soluciones ante una larga lista de problemas que, a su juicio, están deteriorando los servicios públicos y la convivencia en el concejo. La protesta, planteada, según sus organizadores, como una movilización pacífica y apartidista, terminó además con una petición expresa a la regidora para que valore dar un paso al lado y presentar su dimisión.

Las reivindicaciones giran alrededor de varias cuestiones: la farmacia cerrada, la residencia de mayores sin actividad, una piscina municipal que continúa sin abrir avanzado agosto, problemas recurrentes de abastecimiento de agua en localidades como Taranes, dificultades para organizar fiestas, licencias de apertura pendientes, problemas de empadronamiento y un supuesto deterioro del mantenimiento y la recogida de residuos.

"No estamos aquí contra nadie. Estamos aquí por nuestro pueblo, por nuestros servicios públicos y por nuestro futuro", señalaron los vecinos en el manifiesto leído durante la concentración. En el texto reclamaron "escucha, diálogo, transparencia y soluciones" y defendieron que Ponga necesita planificación y servicios públicos eficaces para evitar que el concejo continúe perdiendo población y actividad.

La movilización se produce después de meses de creciente malestar entre algunos vecinos. Daniela González, vecina de Beleño y una de las personas que impulsaron la convocatoria, resume la situación hablando de "todos los problemas" que, a su juicio, se están produciendo en el municipio, entre los que destaca el cierre del botiquín de la farmacia, un servicio que considera especialmente importante para una población envejecida y con dificultades para desplazarse.

El problema del agua

El tema del agua ocupa otro de los puntos centrales de la protesta. Mayka González, vecina de Taranes, explica que el pueblo ya sufrió problemas de abastecimiento el pasado otoño y que entonces tuvo que ser suministrado mediante cubas. Según relata, los vecinos llevan tiempo reclamando que se busque un manantial alternativo porque el actual resulta insuficiente en periodos de sequía. "Seguimos sin agua", afirma. González cuenta que durante estos días se está rellenando el depósito con agua procedente de la localidad vecina de Tanda. La vecina asegura que no se trata de un problema puntual: "Ya hace como tres o cuatro años que hubo un problema así y los últimos veranos se ha repetido".

Otro de los principales motivos de indignación es la piscina municipal. La instalación, ubicada en San Juan de Beleño, es un servicio municipal destinado al uso durante el verano. Según los vecinos, este año se ha llenado y vaciado varias veces mientras se sucedían diferentes explicaciones sobre los motivos de su cierre. El propio manifiesto reclama que las reparaciones y el mantenimiento se planifiquen durante el invierno para que la instalación pueda utilizarse durante la temporada estival.

El caso de Maribel: cuatro años esperando una respuesta

Uno de los testimonios más personales es el de Maribel Núñez, vecina de Beleño desde hace más de treinta años. El 4 de abril de 2021 sufrió un episodio de violencia de género por parte de su entonces pareja. Tras la intervención de la Guardia Civil y las correspondientes actuaciones judiciales, acudió al Ayuntamiento con la documentación para solicitar que el hombre dejara de figurar empadronado en su vivienda. Según explica, presentó la solicitud el 6 de abril de 2021 y la reiteró en varias ocasiones sin obtener una resolución. El problema, relata, se prolongó durante años.

La situación llegó hasta las elecciones, cuando recibió en su domicilio la tarjeta electoral de su expareja. Finalmente, este año recibió una notificación electrónica del Ayuntamiento que incluía documentación histórica del padrón y comprobó que el hombre no había sido dado de baja por el Ayuntamiento: se había empadronado posteriormente en Villaviciosa. "Ese señor se da de baja en 2025 porque él quiso darse de baja, no porque el Ayuntamiento lo haya dado de baja", sostiene Maribel, que asegura haber puesto el asunto en manos de un abogado. Su caso es, para ella, un ejemplo de lo que considera una forma de gestionar los empadronamientos basada en relaciones personales. Una acusación que hace extensiva a otros casos que, según afirma, conoce directamente.

Una batalla de años con la parroquia de Sobrefoz

Esperanza Conde, vecina y presidenta de la parroquia rural de Sobrefoz, explica otro conflicto que se remonta años atrás. Según cuenta, la parroquia aporta "unas 4.000 hectáreas de montes" comunales a los terrenos sobre los que el Ayuntamiento cobra un canon cinegético. Conde sostiene que, tras la llegada de Alonso a la Alcaldía en 2015, el Ayuntamiento dejó de abonar a la parroquia la parte correspondiente y que el conflicto terminó en los tribunales. Según su relato, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoció el derecho de Sobrefoz a percibir el 15% del canon cuando este sea cobrado. La presidenta de la parroquia asegura que el Ayuntamiento continúa pagando con retraso y que se "han visto obligados a acudir a ejecuciones de sentencia". Habla de unos 16.600 euros que necesita para asumir las competencias de mantenimiento de caminos y otros servicios de la parroquia.

Además de este conflicto, Conde explica que Sobrefoz también perdió el uso de las antiguas escuelas como sede parroquial y social después de otro enfrentamiento judicial y lamenta que "no hay diálogo" con el Ayuntamiento. "No tenemos nada en contra del Ayuntamiento, solo queremos luchar por nuestros derechos", resume.

Trabajadores que denuncian acoso y han terminado en los tribunales

Los conflictos laborales forman otro de los capítulos más duros de los testimonios recabados. Antonio Testón, antiguo trabajador de la residencia de ancianos municipal, asegura que comenzó a trabajar allí en 2019, ejerciendo como coordinador. Testón sostiene que sufrió "acusaciones falsas, acoso laboral y comportamientos homofóbicos". Afirma que tuvo que coger una baja laboral y que terminó desarrollando una depresión. También sostiene que finalmente perdió su puesto cuando sacaron las plazas a concurso de oposición. "Las plazas ya estaban dadas a dedo", resume. Fue a los tribunales para reclamar una indemnización: "Gané el juicio por sentencia firme, ella tenía hasta el 12 de julio para pagarme y aún no lo ha hecho", reclama.

Otro testimonio procede de Mercedes Mata, que trabajó durante 33 años en ayuda a domicilio y que también pasó por la residencia. Afirma que la falta de nuevos usuarios en ayuda a domicilio terminó reduciendo su carga de trabajo y que posteriormente fue trasladada a la residencia, donde acabó siendo despedida de forma improcedente, por lo que fue a los tribunales. "Era una situación de acoso total, no volvería nunca estando ella ahí", resume.

Miedo a expresar oposición

Los promotores de la protesta aseguran que el número de asistentes podría haber sido mayor. Según Daniela González, alrededor de 110 personas llegaron a formar parte del grupo de WhatsApp utilizado para organizar la movilización, aunque muchas finalmente no acudieron. "Mucha gente no fue por miedo, creen que se van a meter en más problemas", explica, asegurando que existe temor a posibles consecuencias en un concejo pequeño.

Los manifestantes insisten en que su protesta no pretende convertirse en una disputa entre partidos. El Ayuntamiento cuenta actualmente con representación de PSOE y PP, y los promotores aseguran que reclaman que los concejales, independientemente de sus siglas, asuman una posición ante la situación. "Aquí no vamos por partido, aquí vamos por las personas que son", resume Daniela González. El mensaje final de la concentración fue precisamente ese: no quieren enfrentamiento, sino respuestas. En el manifiesto, los vecinos pidieron que se atiendan los problemas de los servicios públicos, se agilicen los trámites administrativos y se facilite la actividad económica y la vida de las familias.

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