La Agrupación Socialista de Ribadedeva acusa al Gobierno local de paralizar el proyecto para eliminar todos los pasos a nivel del concejo

El proyecto para eliminar todos los pasos a nivel del concejo de Ribadedeva, una reivindicación histórica para mejorar la seguridad vial y ferroviaria, se encuentra en un punto muerto a pesar de que el anterior equipo de gobierno, del PSOE, logró firmar un convenio pionero con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) hace ya cuatro años. La falta de avances en los trámites de expropiación necesarios y la ausencia de presupuestos municipales desde 2023 han puesto en riesgo una inversión de más de cuatro millones de euros, según denunció este viernes la Agrupación Socialista de Ribadedeva. En uno de los pasos a nivel, en Bustio, un tren arrolló a una autocaravana este jueves. El accidente no causó heridos.

El acuerdo, sellado el 18 de febrero de 2022 por el entonces alcalde, el socialista Jesús Bordás, supuso un hito al ser el primer convenio de estas características que un ayuntamiento firmaba con ADIF. El compromiso del Consistorio consistía en ejecutar las expropiaciones de los terrenos afectados por las obras. Para ello, se realizó una estimación inicial de 30.000 euros, una cantidad que, tal y como se recoge en el propio texto, estaba sujeta a variación una vez se obtuviera el listado definitivo de las fincas a expropiar. "La cantidad exacta debía determinarse posteriormente mediante expediente de expropiación y consignación exacta en el presupuesto del año correspondiente", explicaron fuentes del Grupo Socialista.

Maraña administrativa y política

Sin embargo, el proceso se ha visto envuelto en una maraña administrativa y política. El actual alcalde, Jorge Martínez, de Juntos por Ribadedeva, según los socialistas, habría mostrado desde su toma de posesión una postura que, lejos de agilizar los trámites, los ha ralentizado. Las críticas se centran en un primer intento de modificar el proyecto original para proponer una alternativa que, a juicio del partido en la oposición, resultaba mucho más costosa y que, de haberse aplicado, habría hecho inviable la inversión prevista por ADIF.

El convenio, con una vigencia de cuatro años, requería de una prórroga para no caducar. El Ayuntamiento llevó esa prórroga a un pleno extraordinario que se celebró el pasado 18 de febrero, coincidiendo, según denuncian los socialistas, con la fecha límite. "Fue casualmente el único pleno que no se retransmitió en directo", apuntaron desde la agrupación, un detalle que añade un elemento de opacidad a la tramitación de un asunto de interés público.

Parálisis administrativa

Pero más allá de las formas, el fondo del asunto revela una parálisis administrativa que, a fecha de hoy, impide que el proyecto de seguridad avance. En aquel pleno, y según el relato de los socialistas, quedó patente que, a pesar de que la relación de fincas afectadas por las expropiaciones obraba en poder del Ayuntamiento desde hace más de un año, no se había realizado ni un solo trámite para iniciar el expediente. "No hay un solo papel donde se haya calculado el importe de las mismas", insistieron, lo que deja en el aire la cuantía exacta que el Consistorio deberá abonar a los propietarios.

El procedimiento de expropiación, tal y como recuerda el Grupo Socialista, es un proceso "claramente definido" y que, en este caso, no debería ser ajeno a los vecinos afectados. De hecho, muchos de ellos ya han pasado por un proceso similar hace unos años con motivo de las expropiaciones derivadas del proyecto de la autovía, por lo que están familiarizados con los pasos a seguir. Aun así, la gestión municipal no ha logrado despejar la incertidumbre.

Presuntos intereses particulares

El principal escollo, además de la inacción en el expediente expropiatorio, es de índole presupuestaria. Para hacer frente a las indemnizaciones, el Ayuntamiento necesita consignar una partida en sus cuentas anuales. Sin embargo, el actual equipo de gobierno, según la denuncia socialista, no ha presentado ningún presupuesto municipal en los tres años que lleva al frente del concejo, prorrogando desde 2023 las cuentas del año anterior. Esta carencia impide que se pueda fijar y reservar la cantidad necesaria para las expropiaciones, bloqueando así cualquier avance.

El Grupo Socialista ha reclamado explicaciones sobre los motivos por los que quieren modificar un proyecto que ya estaba acordado y que, según subrayan, mejoraría notablemente la seguridad de los vecinos. "El Alcalde y sus concejales deberían explicar qué intereses particulares están defendiendo para querer cambiar el proyecto abriendo el túnel de La Remansona y poner trabas a una inversión de más de 4 millones", cuestionaron.

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