Pues sí que va a dar de sí el futuro pleito civil del "caso Kaype". Porque si bien es cierto que la propiedad tiene dos licencias municipales que la amparan (habrá que ver hasta qué punto; o, mejor dicho, hasta qué cantidad), también lo es que buena parte del gasto generado por la demolición no es achacable al Ayuntamiento de Llanes, al que la propiedad va a pedir cuentas. Por ejemplo, el gasto que se derive ahora del derribo de los muros perimetrales, la losa del garaje y las zonas ampliadas, pues los representantes legales de la promotora tampoco justificaron la variación del proyecto por la "imperiosa necesidad" de mantener esos elementos para que el edificio no sufriera daños estructurales. También habrá que ver si hubo intento de dolo por alguna de las partes, y si tienen alguna incidencia económica los incontables avisos por parte de varios colectivos sobre que las obras eran ilegales. Hay mucho que cortar.