Elena CASERO

«Hace dos años una vecina se marchó de su casa, y empezaron a entrar en ella perros y gatos. Alguien, hace unos meses, entró en la casa y la quemaron, y ahora somos varias familias las que estamos afectadas». Ángela Montoya Gabarri lleva varios años residiendo en las viviendas sociales que se encuentran en la barriada El Cascayu. Desde hace dos años asegura vivir una situación «insostenible», debido a los desperfectos que le causó un incendio en la casa que se encuentra bajo a la suya. «Yo vi el fuego y avisé a los bomberos, que lo sofocaron», comenta Montoya, «pero se rompieron las tuberías, y ahora no podemos usar el baño de mi casa, porque se cae el agua a la de abajo». Los vecinos de la casa de al lado, padres de dos niñas pequeñas, también denuncian esta situación, y reclaman la reparación de la vivienda, «porque la habitación de las niñas se llenó de humedades y de bichos, y a las pobres tuvimos que cambiarles de habitación porque se levantaban llenas de picaduras», afirman.

Son numerosas las ocasiones que Ángela Montoya asegura haber llamado al Ayuntamiento, propietario de las viviendas, e intentado hablar con la concejala de Servicios Sociales, Belén Fernández, «para que nos busquen una solución», afirma. «Vinieron por aquí tres veces, pero la casa sigue igual, y yo ya no puedo más, ya no pido que la arreglen, sino que me busquen a mí y a mi familia otro lugar para vivir, porque estoy cayendo gravemente enferma», denuncia. La concejala, Belén Fernández, ha asegurado que este tema «tienen que solucionarlo Vipasa y el Principado. Hemos enviado escritos para que tomen cartas en el asunto, pero no podemos meternos en temas que no son de nuestra competencia. Llevamos a cabo diferentes actuaciones de limpieza, pero no podemos tapiar esa casa. Esperemos que respondan a nuestras peticiones lo antes posible».

Ángela y su familia se quejan de los problemas ocasionados por el incendio de la vivienda que se encuentra bajo la suya, que, dice, «está llena de ratones y bichos, y ya he tenido que desalojar una de las habitaciones de mi casa a causa de la humedad: la tengo llena de trapos».

También asegura que algunos de sus vecinos suponen un peligro tanto para ellos como para sus hijos y nietos. «Llevo ya ocho años sin dormir porque por las noches hay gente que hace rallies por aquí y ponen la música muy alta. Todo esto me ha provocado depresiones y ataques de nervios; además, aquí hay delincuentes, gente que pega a los niños, violadores, y se mueve mucha droga. A los yonquis les dan metadona y, en vez de tomarla, van a venderla al Campillín, Ventanielles y La Carisa. Los médicos se la recetan, y luego vienen por aquí con pastillas y engañan a los niños. Mi hijo se murió el mes pasado con 22 años a causa de la droga y no quiero que le pase lo mismo a nadie más de mi familia», afirma.

Maruja Gabarri Jiménez, madre de Ángela, vive también en El Cascayu. Aunque su domicilio no se ha visto afectado por el incendio, sufre por la situación de su hija y afirma sentir miedo. «Cualquier día se les cae el suelo del baño y ocurre una desgracia. Yo temo mucho por ellos», comenta.

Maruja, quien tiene a su cargo a un hijo con retraso mental, también pide que le busquen otra casa para vivir. «Mi hijo no está bien, y muchos de los que vienen por aquí le engañan. Estamos viviendo una situación muy difícil porque no tenemos nada, comemos cosas que cogemos de la basura».

Tanto Ángela como Maruja afirman que les gustaría encontrar un empleo para tener algún ingreso y poder alimentar en condiciones a su familia, «comemos yogures caducados en el mes de marzo, y a mí me da igual que me hagan daño, pero mi nieto es pequeño y me da miedo que le pase algo», afirma Montoya, pero dicen que les han cerrado todas las puertas a las que han llamado: «Fuimos a Cáritas y nos dijeron que no había nada para nosotras, y no lo entiendo, porque se dedican a ayudar a ecuatorianos y extranjeros y a nosotras, que somos españolas y católicas, nos dan la espalda. Ni nos ayudan a trabajar, ni nos dan vales para la comida, y a gente que sí tiene trabajo se los dan, y no es justo. Estuve cuatro meses detrás de ellos para conseguir únicamente un vale por 20 euros. Yo necesito dinero para pagar la renta, estoy enferma y tengo un hijo con un tratamiento que me cuesta cuarenta mil pesetas, y el resto de mis hijos están presos», se lamenta Maruja Gabarri.