J. A. ARDURA
La portavoz del Gobierno regional defendió ayer la legalidad del convenio con la sociedad Jovellanos XXI para el futuro palacio de justicia en el solar del Vasco. Ana Rosa Migoya aseguró que el acuerdo adoptado semanas atrás por el Consejo de Gobierno «cuenta con todos los informes favorables de fiscalización y de los servicios jurídicos», y rechazó las acusaciones formuladas por IU de Oviedo, referentes a que dicho acuerdo «es contrario a derecho».
La portavoz aseguró que la decisión adoptada por el Gobierno asturiano no está afectada por la ley de contratos. «El acuerdo autoriza a la suscripción de un convenio para una figura perfectamente legal, que es el arrendamiento operativo».
«No se trata de ninguna operación incluida en la ley de informes», argumentó Migoya. «No es un contrato, sino el primer paso para un compromiso de acción futura, que sería el arrendamiento del palacio de justicia», precisó la portavoz. El acuerdo, que ha contado con la oposición pública de los dos consejeros de IU, prevé el arrendamiento a 30 años de la parcela del Vasco, donde Jovellanos XXI construirá el futuro palacio de justicia. A cambio, el Principado pagará 176 millones de euros y se hará con la propiedad del inmueble una vez transcurrido ese plazo de treinta años. Migoya defendió las bondades de esta operación porque «satisface las aspiraciones de los responsables de la Administración de justicia de Asturias y beneficiará a Oviedo, reforzando su capitalidad». La portavoz añadió que la ubicación del palacio de justicia en esa parcela «pone fin a diez años de incertidumbres en una zona emblemática de la capital».
