14 de marzo de 2010
14.03.2010
40 Años
40 Años

El Palacio de Justicia de Asturias tiene la financiación garantizada

Jovellanos XXI cerró el pasado mes de julio con un grupo de bancos un pacto para afrontar los 176,7 millones del edificio en la parcela del Vasco

14.03.2010 | 01:00
Fachada del complejo previsto para el Vasco.

E. G. PALACIO


Hay financiación. Jovellanos XXI, la sociedad que levantará el edificio destinado a albergar el futuro Palacio de Justicia de Oviedo, tiene cerrado el acuerdo económico para respaldar la operación. Un grupo de bancos, liderados por el BBVA, se encargará de aportar los 176,7 millones de euros necesarios para las obras.


La búsqueda del dinero por parte del inversor privado es hasta ahora el único argumento del que echa mano el Principado para justificar los retrasos. Pero el problema real es otro.


El Gobierno regional anunció en febrero de 2009 su intención de reunir todas las sedes judiciales dispersas por Oviedo en la llamada parcela del Vasco -por el antiguo ferrocarril que la ocupó- de la que ahora es titular Jovellanos XXI. Dio formalmente el visto bueno por unanimidad al proyecto en Consejo de Gobierno un poco después, el 24 de junio de 2009. Proclamó que los trabajos echarían a rodar en septiembre. Luego, en octubre. Más tarde, por boca del propio presidente regional, el socialista Vicente Álvarez Areces, en diciembre. Estamos en mitad de marzo y no se ha puesto un ladrillo.


La financiación está ultimada desde el pasado julio, según confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA personas al tanto de las negociaciones. Pero Areces no acaba de despejar el último obstáculo burocrático necesario para que comience la construcción. Precisamente mañana hay una reunión entre representantes del Poder Judicial y de la sociedad Jovellanos XXI para tratar de resolver los flecos pendientes. El escollo radica en el compromiso por escrito de alquilar el nuevo Palacio de Justicia, por lo menos, durante treinta años.


En el parón de los trámites también pesa mucho la incertidumbre sobre la resolución de la queja que IU-Los Verdes presentó ante la UE denunciando el proceso administrativo seguido. ¿Se puede a la vez estar en misa y repicando? IU de Asturias sí. La coalición comparte con el PSOE mesa en el Consejo de Gobierno y, a la par, es la más feroz destructora de muchas de las iniciativas que desde allí se promueven: la ampliación de El Musel, la Fundación del Hospital del Oriente, la incineradora de Serín o el embalse de Caleao. En el caso de la operación del Vasco, la incoherencia de IU se acentúa porque sus consejeros en el Gobierno de Areces dieron su aprobación a la iniciativa de alquiler acordada con los promotores de la sede.


El grupo Jovellanos XXI es propiedad de dos familias de raigambre en el empresariado asturiano, los Cosmen y los Lago. Alguien debió echarle mal de ojo a la finca del Vasco, un gran socavón en un solar de privilegio, la entrada en la capital a través de la «Y». En diez años, estamos ante el octavo intento para darle un uso. De todos los desechados, el más impactante fue el de «las trillizas» del arquitecto Calatrava, tres espigados rascacielos que no pasaron de maqueta.


No se puede comprender lo que ocurre en torno al Palacio de Justicia sin tener en cuenta la larga historia de la parcela y la singular naturaleza del proyecto. En esencia, se trata de una iniciativa privada que va a cumplir un fin público.


El Principado necesitaba una sede judicial única. Jovellanos XXI ofreció su solar y la construcción del edificio. El Ayuntamiento de Oviedo y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias respaldaron la propuesta. La Dirección General de Justicia la consideró idónea, tras evaluar más alternativas. El PP también ha dado su acuerdo a la operación. Incluso los sindicatos y las distintas asociaciones implicadas en las labores judiciales la bendijeron y aportaron sugerencias. Casar las necesidades de unos y de otros exigió recurrir a fórmulas poco habituales. Jovellanos XXI se comprometió a levantar el edificio por su cuenta. Ya tiene los sótanos en pie, resto de anteriores proyectos frustrados. El Principado se brindó a alquilarlo, una vez construido, por treinta años, con derecho a compra al final del plazo. El abono de la renta amortizaría la inversión.


Para que el pacto no quedase escrito en el aire, el Principado intentó coserlo con un acuerdo de rebuscada redacción. El Consejo de Gobierno autorizó con el voto de los consejeros de IU «la firma de un contrato con Jovellanos XXI para la futura celebración de un contrato (sic) de arrendamiento entre las partes del futuro inmueble que la entidad mercantil habrá de construir en la parcela del Vasco». Este acuerdo, firmado por ambas partes el 27 de julio de 2009, es el que está pendiente de desarrollar.


Como si un Palacio de Justicia no pudiera estar predestinado a otra cosa que no fuera un litigio, IU y Los Verdes afilaron sus lanzas y llamaron a Europa. La coalición y sus colegas ecologistas creen que la obra debió salir a concurso público. Así lo hicieron constar ante las autoridades comunitarias. Otras infraestructuras asturianas, como El Musel, patrocinadas por el Gobierno asturianos de mayoría socialista también acabaron en Bruselas, denunciadas por su socio IU.


El 15 de diciembre del año pasado, la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea advertía al Principado de que podría violar las normas de contratación pública de la Unión si iniciaba los trabajos del Palacio de Justicia en las condiciones establecidas en el acuerdo del alquiler entre el Gobierno de Asturias y la sociedad Jovellanos XXI.


El director general, el sueco Jörgen Holmqvist, entiende, a la vista de la documentación presentada por los denunciantes, que el acuerdo entre el Principado y Jovellanos XXI puede considerarse «un contrato público de obra remunerado a través de un pago a plazos y adjudicado sin procedimiento de licitación alguno».


El expediente sigue abierto y pendiente de resolución. El Gobierno asturiano y Jovellanos XXI han contraatacado con un informe jurídico, elaborado por el letrado Raúl Bocanegra, que argumenta que el acuerdo objeto de la queja «no constituye contrato de obra alguno sino tan sólo una declaración de intenciones respecto de un futuro contrato de arrendamiento que se formalizará en un momento posterior».


Considera Bocanegra que la parcela del Vasco es una propiedad privada: «En ningún caso se podría llevar a cabo una licitación pública respecto de una obra a realizar en una propiedad privada». Defiende que el Principado no interviene para nada: «Se trata de una obra con financiación privada en un terreno privado, es decir, una obra privada y no pública». Y razona que lo que autorizó el Consejo de Gobierno el 24 de junio «no supone la conclusión de ningún negocio jurídico, ya sea un contrato de obra o de arrendamiento».


Si la UE no tuviera en cuenta estos planteamientos, podría iniciar un proceso de infracción del derecho comunitario contra España y Asturias ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde diciembre, justo cuando Bruselas dio el toque, el Palacio de Justicia encalló. Y ahí sigue varado. Financiación hay, sólo falta despejar el camino de Bruselas y el del contrato.

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