L. S. NAVEROS

La fiscalía asturiana no analizará la legalidad del convenio suscrito por el Ayuntamiento con Comamsa, tal como pretendía el equipo de gobierno, del PP, que la pasada semana remitió al fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, la documentación argumentando que «no hay nada que ocultar». El PP envió esta documentación al fiscal después de que el PSOE anunciara en el Pleno su intención de llevar el acuerdo a la fiscalía anticorrupción y «al Tribunal Superior de Justicia, por vía penal».

«La fiscalía superior del Principado de Asturias ha informado al Ayuntamiento de Oviedo que el ministerio fiscal no es un órgano competente para fiscalizar y controlar la actividad de la Administración, por lo que le ha devuelto la documentación correspondiente al expediente administrativo del convenio entre el Ayuntamiento de Oviedo y Comamsa sobre el justiprecio de la expropiación de la finca "Villa Magdalena", recibida recientemente», informo la fiscalía asturiana en un comunicado. «Esta documentación se remite sin perjuicio de que pueda ser requerida o remitida en un futuro, en el supuesto de que se presentase en la fiscalía alguna denuncia relativa a dicho convenio, dentro del ámbito de la competencia del ministerio público, para incorporarla a las diligencias que en su caso se incoen», concluye el fiscal.

Tras el rechazo de la fiscalía, el PP argumentó que había enviado la documentación en la creencia de que había presentada alguna denuncia. «Ante las afirmaciones realizadas tanto en la prensa como en el propio Pleno del Ayuntamiento por diversos concejales en el sentido de que denunciarían el convenio expropiatorio formalizado con Comamsa ante la fiscalía anticorrupción, el Ayuntamiento de Oviedo procedió, de manera inmediata, a remitir el expediente del convenio a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que pudiera valorar el contenido de esas denuncias», justifica el equipo de gobierno.

«Mediante oficio recibido en el día de hoy, el fiscal superior comunica que las citadas denuncias no se han presentado, por lo que procede a devolver la documentación remitida. Para el caso de que, finalmente, las denuncias anunciadas se presenten, se volverá a remitir el expediente a la fiscalía, que contará, para su tramitación, con toda la colaboración municipal que resulte necesaria», añade el PP. Tanto el PSOE como IU y ASCIZ han anunciado acciones judiciales, que aún no se han concretado. IU precisó que presentará denuncia ante la Comisión Europea, como hizo con el Palacio de Justicia del Vasco.